Otra más y van siete

Viene resultando que el marido de Edurne Uriarte, que también es conocido por su nombre civil, José Ignacio Wert, y por su cargo, ministro de Educación, ha comparecido hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar a conocer las líneas maestras de la Ley de Educación que está elaborando. A estas alturas no queda duda razonable alguna de que uno de los grandes fracasos del sistema autonómico es nuestro sistema educativo. Si hay algún asunto que debería ser objeto de acuerdo es la Educación. El partido que gobierna y el que podría llegar a hacerlo debería suscribir políticas de Estado en torno a determinadas materias: Política Antiterrorista, Política Exterior, Defensa y, por supuesto, Educación. La ley que prepara el ministro Wert será la séptima de la democracias, la sexta en los últimos treinta años, en los que sólo han gobernado dos partidos: El PSOE, 22 años, y el PP, nueve. Los socialistas han elaborado cuatro, dos de ellas enmendándose a sí mismos, mientras los populares llegaron a aprobar la LOCE, (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) el 23 de diciembre de 2002, pero que no llegó a entrar en vigor, porque apenas llegado Zapatero a la Moncloa paralizó su calendario de aplicación y la derogó mediante la Ley Orgánica de la Educación que hizo aprobar la malograda ministra Mª Jesús San Segundo en 2006. La propia empresa no debía de tener una buena opinión del trabajo realizado porque Zapatero la destituyó apenas 24 horas después de aprobada la Ley y la sustituyó por Mercedes Cabrera. El origen de los males de nuestra Educación arranca de los años finales del franquismo,más concretamente del Libro Blanco de la Educación de Villar Palasí. Se están ahora definiendo las líneas maestras de la próxima, que se va a llamar Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y que ya cuenta con la oposición de Euskadi y Cataluña por «recentralizadora». No parece una idea desdeñable la de la recentralización, habida cuenta de los muy distintos valores y las heterogéneas percepciones de la Historia que se imparten en las autonomías gobernadas por nacionalistas y asimilados y las demás. La Alta Inspección de Educación ha realizado una tarea manifiestamente mejorable a lo largo de todos estos años. El propio hecho del muy distinto reparto del índice de fracaso escolar por comunidades autónomas, entre el 15% del País Vasco y el 34% de Andalucía, debería llevar a la conclusión de que tal vez una recentralización educativa podría llevar a una mayor igualdad de los ciudadanos españoles ante la Educación. Siempre bien entendido quela igualdad debería perseguirse por el nivel más alto, o sea, el índice de fracaso más bajo, y no al revés. Ciertamente, en el caso de Euskadi es un problema añadido el hecho de que las horas destinadas a impartir las dos lenguas cooficiales supone un tercio del total de horas lectivas. Si se añade una hora de enseñanza en castellano, deberá aumentarse una hora más la enseñanza del euskara para observar la cooficialidad estricta, lo que reduce considerablemente la disponibilidad de tiempo lectivo para otros contenidos. Por otra parte, el ministro Wert debería recordar a su antecesora Del Castillo y su experiencia con la LOCE. Su escasa propensión al diálogo y al consenso facilitó mucho al PSOE la liquidación de la ley antes de su aplicación. Por otra parte, no es éste el mejor camino para llegar a una política de Estado para la educación: consensuada, sostenida en el tiempo y a prueba de cambios de Gobierno.

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