Santiago González

Esperanza Aguirre ha manifestado su parecer en torno a la gamberrada colectiva del viernes en el estadio del Manzanares. No es cuestión menor que la propuesta de pitar al himno nacional y al representante de la Casa patrocinadora se hiciera en el Congreso, por invitación de Amaiur y con la presencia de parlamentarios de CiU, ERC, ICV, BNG y el apoyo ausente del PNV, que siempre ha sido un especialista en estar sin haber ido.
Aguirre ha dicho que si se materializa la amenaza, debería suspenderse el partido y reanudarlo otro día a estadio cerrado. Invocaré la virtuosa llamada de Duran Lleida a respetar la libertad de expresión de la parte más semoviente de las aficiones vasca y catalana, para que dicha libertad pueda amparar también a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hay que ver qué raro es todo. El Barça y el Athletic quieren jugar en la liga española, sus jugadores se mueren por ser llamados a la selección y unos y otros muestran una enorme ilusión por ganar la Copa del Rey. ¿Tiene sentido que abucheen al patrocinador y los símbolos del Estado anfitrión? El Athletic ganó varias veces la Copa, cuando se llamaba del Generalísimo, con muy buenos modales y sin perder la compostura. Yo recuerdo al capitán de la selección española, José Angel Iríbar, recibido en audiencia por el dictador sólo cinco años antes de participar en mítines de Herri Batasuna, lo que le costó perder al principal cliente de su almacén de patatas: el Ejército español. El portavoz de Amaiur que anima toda esta tangana defendió no pocas veces los colores de España en la selección de balonmano.
Pongamos orden en todo este ludibrio. Que venga Stéphane Dion, padre de la Ley de la Claridad que acabó con el independentismo quebequés, y explique las tres condiciones de la ley, que no me caben aquí, pero hablemos de cómo afectaría al caso que nos ocupa: comer y sorber no puede ser. ¿Cómo se pueden tener dos selecciones a la vez y no estar loco?, cantaba aproximadamente Antonio Machín. El modelo son Gales y Escocia. Tienen sus propias selecciones y también sus propias ligas. No se aflijan. La división de honor de la liga vasca estaría formada por el Athletic, la Real y el Alavés. Seis partidos y los tres equipos a la Champions, si la Uefa quiere, que eso no está claro.
Transigir con esta humillación abonará la siguiente. El Estado y la Casa del Rey deberían tomar nota. El grupo parlamentario de Errekondo, el antiguo defensor de los colores de España, ha transformado el Congreso en la casa de Viridiana. Tras la cena de los mendigos, que termina en orgía de borrachos, la mismísima Viridiana, alma caritativa que los había recogido de la calle, es violada por uno de sus protegidos. ¿Cómo extrañarse del juicio que emitía sobre ella la pordiosera Lola Gaos: «La señorita es muy buena, pero un poco chalá»?

Santiago González

Hace ya unos meses que el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, anunció su intención de impulsar una iniciativa para que los ciudadanos que se vieron obligados a marchar a otros lugares de España por la presión del terrorismo puedan votar en las elecciones autonómicas vascas.
El ministro del Interior confirmó en Bilbao la información que ayer publicaba EL MUNDO: su Ministerio ha organizado un seminario en el que expertos en Derecho Constitucional y otros juristas reputados debatirán la reforma necesaria de la Loreg para materializar esta posibilidad.
La Ley de Say (cada oferta crea su propia demanda) tiene aplicación más allá de la Economía. Una víctima del terrorismo, Ramona Garrido, se va a reunir con los grupos parlamentarios entre hoy y el jueves para crear una comisión de investigación sobre las personas perseguidas y desplazadas fuera del País Vasco «mediante la intimidación y la violencia».
Devolver el derecho al voto que ETA les quitó sería un razonable primer paso. Es curioso que esta elemental justicia reparadora no haya sido reivindicada con más fuerza hasta el momento. Recuerden cuántas protestas hemos oído con el argumento falaz de que la Ley de Partidos negaba el derecho a voto a 200.000 vascos: a batasunos y afines, nacionalismo vasco en general, y hasta a un fiscal general del Estado, que clamó contra «el Guantánamo electoral».
No era cierto; sólo se les prohibía votar unas siglas manchadas con el crimen. Nada les impedía apoyar otras opciones de izquierdas o independentistas. Los desterrados por la amenaza etarra, en cambio, sí se vieron privados de su derecho al voto en su tierra.
El consejero de Interior dijo ayer mismo que no es partidario, porque abriría un debate inoportuno e indeseable con los nacionalistas. Rodolfo Ares debería recordar que un presidente socialista del Gobierno impulsó un Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (Ley 40/2006 de 14 de diciembre) para que los hijos y nietos de emigrantes españoles, y particularmente de republicanos exiliados, pudieran votar en las elecciones españolas.
¿Y dice el Gobierno vasco y socialista que el derecho que reconoció un Gobierno de España socialista a argentinos o mexicanos, hijos de argentinos o mexicanos, con abuelos españoles, no es oportuno reconocérselo a un señor de Eibar que se tuvo que ir con su familia (no su padre ni su abuelo) a vivir a Toledo por no pagar el impuesto? Parece una broma.
El Gobierno vasco es más bien partidario de ayudar a la vuelta de los desterrados que lo deseen. No está mal, pero es lo que los taurinos llaman un brindis al sol.
¿Por qué cree nadie que personas que sufrieron el desarraigo y tuvieron que rehacer su vida en otras tierras y rodeadas de otras gentes, estén dispuestas a un nuevo desarraigo 20 o 30 años después? ¿Buscar otro trabajo, otra casa, separarse de los hijos que crecieron, crearon su propia familia y se instalaron en la tierra de acogida? ¿Para ir a vivir a territorio Bildu?
El asunto me ha recordado cómo anunció ETB una encuesta del euskobarómetro en la era Ibarretxe: «El 85% de los vascos no se iría a vivir a otra parte aunque les garantizaran el mismo sueldo». La anomalía estaba en el 15% que sí estaba dispuesto a cambiar de casa, de ciudad, de amigos, de colegio de los niños para, total, ganar lo mismo. ¿Qué es normalización?, me preguntas. ¡Nacionalismo, qué dulce embeleso!

Santiago González

El indómito concejal popular de Elorrio Carlos García ha modulado su posición previa al Congreso de su partido que tendría que haber comenzado ayer en Bilbao, con la discusión de las enmiendas a la ponencia, pero el aparato estuvo muy atento y antes del comienzo previsto ya había negociado una por una todas las enmiendas. Como esa era la tarea que tenían fijada para ayer los delegados, han podido aplazar a hoy el comienzo por carecer de tajo.
El concejal García había presentado dos enmiendas a la ponencia del PP vasco, para incluir, una de ellas un rechazo expreso al programa de reinserción de presos del ministro del Interior y pedir la ilegalización de Amaiur la otra. Al final la cosa desaguó apaciblemente por la vía del consenso sin causar mayores estropicios en el mobiliario. El enmendante aceptó sustituirlas por una enmienda transaccional en la que se dice: «Habrá que contar con la opinión de las víctimas de ETA sobre el tratamiento penitenciario tal y como hace el gobierno de Mariano Rajoy y que será reflejado en el Estatuto de la Víctima».
Para este viaje no hacía falta que lleváramos fiambrera. No se entiende el imperativo «habrá que contar con la opinión de las víctimas…» para precisar que habrá que hacerlo tal y como ya lo hace el Gobierno. Si ya se está haciendo, no hay necesidad alguna de establecer la tarea con tanta solemnidad. De cara a mejorar la relación de los populares con las víctimas, tampoco se ven mayores ventajas: si las víctimas del terrorismo están satisfechas, es superfluo. Si tuvieran quejas por la actuación del Gobierno, ese «tal y como ya lo hace» es una cláusula que alimentará la desconfianza.
«El congreso será un paseo triunfal para Basagoiti, que saldrá elegido al borde de la unanimidad»
El concejal debió medir mejor sus fuerzas al plantear sus propuestas. El presidente de su partido acaba de romper el acuerdo de Gobierno que mantenía con el lehendakari Patxi López, cuando éste decidió hacer un gesto inamistoso hacia los recortes de Mariano Rajoy en Educación y Sanidad, mediante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Eso era lo que Basagoiti había señalado como el límite: pasar de las palabras a los hechos. La propuesta para rechazar la política del Gobierno en materia penitenciaria estaba en el terreno de las palabras, pero no podía salir adelante. Tampoco era cosa de provocar una crisis de ansiedad en el lehandakari, a ver por qué iba a ser él el único a quien no le dejan descalificar la política de Rajoy.
Antonio Basagoiti ha hecho una buena gestión como muñidor del pacto de Gobierno con el PSE, hasta que se ha demostrado que el par Eguiguren-Elorza llevaba la voz cantante y el acuerdo era insostenible para los dos socios. El congreso será un paseo triunfal para él, que saldrá elegido al borde de la unanimidad, con esas mayorías que todos los partidos desean para sus direcciones, pero que pasan a ser búlgaras cuando las obtiene la competencia. La única oposición que va a tener el presidente de los populares vascos será extracongresual: la de los concejales y ex concejales de su partido que se van a manifestar el 9 de junio con una de las asociaciones de víctimas. Pero eso será en Madrid, muy lejos del río y del plácido congreso de los populares vascos.

Santiago González

La jornada de lucha que para ayer había convocado el Sindicato de Estudiantes tuvo seguimiento desigual, pero notoriamente escaso en Madrid y Barcelona. A pesar de la abundancia de convocantes –además del citado sindicato, apoyaban la movilización la Ceapa y los sindicatos de enseñanza de CCOO, UGT y STES, así como varias asociaciones universitarias–, apenas acudieron 300 estudiantes a la concentración de Madrid.
La número dos del Sindicato explicó el fiasco con dos razones contradictorias: la primera, que la gente suele llegar tarde, explicación inadecuada para el sector más consciente de la juventud mejor formada de la Historia, como solía repetir con delectación el anterior presidente del Gobierno. La portavoz explicó que, además, es época de exámenes, lo que ha sido astutamente aprovechado por el Ministerio para presentar reformas, subir tasas y recortes. Hay más sentido de la responsabilidad en la juventud de lo que podríamos pensar, y esto no es de ahora. En los años 60, ETA planteó atracar a un cobrador del Banco Guipuzcoano y el jefe militar de los comandos especiales, llamado El Cabra, alegó que no podían hacerlo, salvo que fuera el jueves por la tarde o el sábado, «porque los chavales tienen clase». Salvando todas las distancias, naturalmente. Nada más lejano a mi intención que criminalizar por comparación inadecuada a nuestros estudiantes. «Quieren criminalizar a los repetidores», decían los estudiantes de la UPV para protestar contra la subida de las tasas en sucesivas convocatorias.
La cantidad de dinero que se destina a Educación nada nos dice de la eficiencia del sistema educativo. Michael Lewis cuenta que en Grecia el ratio profesor/alumno es cuatro veces superior al de Finlandia, pero todo padre griego que envía a sus hijos a la escuela pública da por sentado que deberá contratar profesores particulares si quiere que sus hijos aprendan algo. Los recursos dedicados a la educación son una variable que influye en la calidad del sistema, pero no es la única, y probablemente en España no sea la más importante. De otra manera, no se explica que los colegios concertados tengan menor coste por alumno que los públicos.
O sea, que la calidad de la enseñanza va a depender de la reforma educativa, propiamente dicha, y de recuperar la excelencia para la escuela y la universidad. Se trata de llevar a los mejores estudiantes a la universidad, no de crear una en cada localidad mayor de 50.000 habitantes. Los universitarios españoles, como los de cualquier otro país europeo, proceden mayoritariamente de la clase media alta. El fracaso y el abandono del 30% de los escolares, muy principalmente en las familias modestas, es un filtro que contribuye al desequilibrio social. Así las cosas, la subvención por parte del Estado de un 80% del coste de las matrículas no es sino una transferencia perversa de renta hacia el sector de población que tiene mayores ingresos. Una subvención a los ricos, por decirlo con el lenguaje que echamos de menos en el legendario Pepe Blanco.

Santiago González

Para la imagen de la Corona habría sido mucho más ventajoso casar a la segunda Infanta con un futbolista. Urdangarin jugaba al balonmano con el número 7. Si comparan ustedes sus ingresos, no ya con los de Cristiano, que también lleva una camiseta con el 7 en el equipo que va para campeón de Liga, sino con Villa, que tiene ese número en el Barça –aún de baja–, verán que no hay color; es otra pasta, otro prestigio. Los futbolistas son los aristócratas del deporte. Uno puede ser un artista del voley- playa o del balonmano, pero su virtuosismo no cotizará tanto ni gozará de tanto prestigio social como un crack del fútbol.

«El corazón tiene razones que la razón desconoce», escribió Blas Pascal, y la Infanta Cristina optó por un jugador de balonmano, que además pertenecía a una familia de nacionalistas vascos. La cosa chocó un poco en su día, aunque no entiendo por qué. Después de todo, el nacionalismo siempre había aspirado al pacto con la Corona, aunque lo que hicieron con Urdangarin más bien era un endoso: desde que se empezó a airear el caso Nóos, los nacionalistas empezaron a tratarlo no como a uno de los nuestros, carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, sino como a un Borbón sobrevenido.

Era inevitable que Urdangarin respondiera a una lógica de clase. Imputado en un caso de corrupción con muchos sumarios de apoyo, ha optado por la ética y la estética de la pequeña buguesía a la que no ha dejado de pertenecer y ha ido de un pacto personal con la Corona, que el nacionalismo vasco no había podido concretar, al pacto con la Justicia que se está perfilando en las portadas de los diarios.

A todo el mundo le parece bien que devuelva el dinero. A mí también, faltaría más. Tal como están nuestras cuentas públicas no sería una mala operación que todos los procesos por casos de corrupción se saldaran con la devolución de todo el dinero público malversado a cambio de una condena que rozara los dos años, lo suficiente para eludir la cárcel. Aumentarían los ingresos y disminuiría el gasto que los penados causan a las arcas públicas con su manutención. En este país tan acostumbrado a las amnistías fiscales, tampoco deberíamos hacer aspavientos por una condena moral que refuerza las políticas de austeridad.

Es lo que tienen los himeneos morganáticos, que someten a la Monarquía a la razón de la clase media. Bueno, no de toda. Camps, que tiene pujos aristócratas, tuvo la opción de admitir su culpa por los trajes, pagar una multa y verse libre del molesto engorro de sentarse en el banquillo. Se negó y fue absuelto, de momento.

La Casa Real se ve en una tesitura complicada. Para el yerno del Rey, entrar en prisión debería ser sólo un detalle, nada importante frente al hecho de confesar abiertamente el deshonor y el delito y algo mucho más irrelevante frente al chantaje con que su cómplice, Diego Torres, lo contamina, al amenazar a la Fiscalía con hacer públicos otros 200 correos electrónicos, que implicarían a la Infanta Cristina y al propio Rey. Son cosas que pasan por no tener las amistades adecuadas. Lo escribió Raymond Chandler en El sueño eterno.

Santiago González

Rufus T. Firefly, el inolvidable personaje de Groucho Marx, explicaba su criterio de Gobierno al principio de Sopa de Ganso: «Estos son mis principios; si a usted no le gustan, tengo otros». Es una interesante aproximación, pero a nuestros gobernantes les cumple más una aproximación más precisa, escrita por Chelu Aguinaga en su novela El becario del Cesid: «Principios pocos, pero flexibles».

Flexibilidad es la palabra. La viga maestra que soporta el edificio de la política penitenciaria es un artículo, el 100o del Reglamento Penitenciario, que no en vano lleva por título Clasificación penitenciaria y principio de flexibilidad. En su punto 2 establece que las características de los grados penitenciarios pueden combinarse en el tratamiento de un recluso, siempre que después lo sancione el Juez de Vigilancia penitenciaria. Contaba el sábado Ángeles Escrivá que la primera vez que se empleó el 100.2 fue para excarcelar a De Juana Chaos, ustedes lo recordarán, un terrorista preso cuya libertad fue explicada por el entonces ministro del Interior flexibilizando, aún más, las palabras: «Lo he hecho por razones humanitarias y por razones legales», en una obra maestra de la retórica. Rubalcaba explicaba que lo hizo porque la ley se lo permitía, para que el personal entendiera, «porque la ley me obliga».

Según parece, la Nueva Política Penitenciaria (NPP), tan sorprendentemente anunciada por el Gobierno la semana pasada, viene de las conversaciones que mantuvieron el verano pasado los batasunos y los socialistas vascos. No es que haya perdido importancia el Código Penal (arts. 80-93) pero todo es cosa de aplicarles la flexibilidad conveniente. Se acordó allí la libertad de los presos que hubieran cumplido las 3⁄4 partes de su condena, una, solo una de las cuatro condiciones del artículo 90 del Código Penal para que un recluso pueda acceder a la libertad condicional, pero que Batasuna reduce a única. Las otras: que estén en tercer grado, que hubiesen observado buena conducta, tuvieran un pronóstico favorable de reinserción y hubieran satisfecho la responsabilidad civil. Hay casos prácticos de que todo es susceptible de ser enfocado con una mayor flexibilidad.

También se negoció la excarcelación de reclusos que padezcan «una enfermedad muy grave con padecimientos incurables», según establece el artículo 80.4 del C.P. Los batasunos siempre lo han reclamado y se han atribuido la competencia para hacer el diagnóstico. Presumiblemente, los negociadores del PSE se conformaban con que la competencia de Sanidad Penitenciaria fuera transferida a la comunidad autónoma, cosa que ocurrió el 24 de junio de 2011. Ahí hay mucho campo para la flexibilidad.

Así está el tema. Después de todo, el presidente dijo una verdad estricta: «El Gobierno no ha cambiado ni va a cambiar su política antiterrorista». Sólo ha cambiado la opinión del PP al respecto, una cuestión menor, pero del Gobierno es la misma que en la legislatura anterior. Al Gobierno le dedican ahora el mismo comentario que hace un año a Bildu: «Un paso en la buena dirección, aunque insuficiente».

Santiago González

Uno de los arcanos que más curiosidad despiertan entre la clase periodística curiosa –ustedes perdonarán la aparente redundancia – es el contenido de la conversación que mantuvieron el ex presidente Zapatero y el ministro Fernández el 11 de enero pasado. Fue un encuentro insólito, no se conocían precedentes de que un ex jefe del Gobierno pidiera una reunión con el ministro del Interior del equipo al que ha entregado los trastos dos semanas antes para hablar del tema.

Lo usual es que estas cosas se traten en la entrega de poderes de manera estratificada, en los diferentes niveles: que el presidente saliente le cuente al presidente entrante cómo está el asunto y entre ministros, lo mismo. Luego es que se lían, lo que obligó a Jorge Fernández a pasarse ayer toda la tarde recibiendo a las víctimas para explicarles la Nueva Política Penitenciaria por tandas. Era evidente que la comunicación con las víctimas era un requisito previo a cualquier movimiento en este campo. No porque tengan derecho a codirigir la política antiterrorista, sino porque sí lo tienen a verdad, memoria, dignidad y justicia y el desarrollo de cualquier plan debe buscar antes que nada su complicidad.

El resultado de lo contrario está a la vista: un plan explicado en una nota de la agencia Efe, que ha acabado complicando las agendas del ministro y del propio presidente, que afirmaba con rotundidad: «El Gobierno no ha cambiado ni va a cambiar la política antiterrorista». Antes exigíamos el cumplimiento íntegro de las penas y ahora no paramos de hacer ofertas para que se reinserten. Lo más extraño no es el cambio, sino la obstinación en negar que se haya producido cambio alguno. Saulo de Tarso salió de Jerusalén camino de Damasco con órdenes de detención para los cristianos locales. Cuando se cae del caballo y ve la luz, acaba el viaje en Antioquía montado en una burra, las órdenes de detención se han transformado en actas de reinserción y él mismo se ha pasado al enemigo. Imaginen que después se empeñara en que no había cambiado de montura, ni de itinerario, ni de documentos, ni de planes. No es plan.

En una gran secuencia de La fiera de mi niña, Katharine Hepburn/Susan Vance trata de explicar el lío en el que ha metido a un honrado y atónito ciudadano, al que Cary Grant/David Huxley quita toda esperanza: «Nunca entenderá nada mientras ella se lo explique todo». Algo así me pasa a mí con los asuntos de Interior. Menos con los gobernantes anteriores que con éstos. Aquéllos cambiaron los nombres de las cosas y surfearon sobre la verdad, de acuerdo. Uno está ya preparado para poder entender las mentiras, incluso las razones para mentir, pero imaginen qué vértigo asomarse a las declaraciones del presidente del Senado, que siempre pasó por persona cabal e inteligente y leer la siguiente frase: «El terrorismo debe desaparecer, de una vez por todas, para lo que es necesario que ETA desaparezca». Una tautología tan acabada, tan redonda, no la oía yo desde que hace unos treinta años leí una entrevista en la difuntísima Hoja del Lunes de Bilbao con Txomin Ziluaga, entonces miembro de la izquierda abertzale, que se expresaba con este diáfano entrecomillado que titulaba la entrevista: «ETA tiene su razón de ser en la realidad de su existencia». Era inevitable que este hombre llegara a ser profesor de la UPV.

Sólo una perplejidad más, presidente Rajoy: «¿Qué quería usted decir exactamente el día en que afirmó: ‘yo soy previsible’?».

Santiago González

El Gobierno tiene un plan en materia penitenciaria. «Nada hay más práctico que una buena teoría», dijo lord John Maynard Keynes, primer barón de Tilton, o sea que mucho más práctico tendrá que ser forzosamente un plan, con su teoría, su definición de objetivos, sus instrumentos y sus plazos.
Lenin definió la N. E. P. (Nueva Economía Política) tras el fracaso de los planes quinquenales. Interior ha diseñado la N. P. P. (Nueva Política Penitenciaria) a partir del fracaso de la vía Nanclares desde que ETA anunció su «abandono definitivo» de las armas. Definitivo es, para los fans, sinónimo de reversible. Ayer me crucé por la calle con Atutxa y su ángel de la guarda, porque no ha renunciado a la escolta. Currin sostiene al mismo tiempo que es definitivo, que hay que afianzarlo y que el Gobierno lo pone en peligro porque no da los pasos necesarios, «no mueve ficha», por decirlo con uno de esos tópicos, tan cerca de la panacea, tan lejos del pensamiento.
Así que el Gobierno ha movido ficha y ha creado  la N.P.P. En realidad, no se distingue tanto de la vieja, si atendemos al ministro Fernández. El plan exige dejar atrás el terrorismo de forma «clara, solemne y pública». Y ya con eso se accede a un cursillo de Educación para la Ciudadanía orientado a presos. Como los cursillos se impartirán en cárceles vascas, el acercamiento viene de serie. No hará falta pedir perdón a las víctimas. En rigor, antes tampoco. El perdón no era más que un formulario que Interior daba a firmar al recluso, no una carta de éste a sus víctimas para que se lo negaran, que eso siempre desahoga. Ésta era la condición necesaria, pero no suficiente, para llegar a los beneficios penitenciarios.
Como teníamos un problema con los terroristas vascos presos, hemos extendido el plan a los islamistas y los grapos en la teoría del café para todos, que dio como fruto hace tres décadas la España de las Autonomías, o en la práctica del Cebralín, ese ingenio para extender la mancha de una gota de salsa a toda la corbata.
Valenciano, la asistenta intelectual de Rubalcaba, ha valorado el gesto del Gobierno, lo que debería llevar a éste a la desconfianza: «Puede hacer daño al núcleo más duro de ETA». ¿No había que evitar sus escisiones para impedir rebrotes terroristas? Hasta ahora el único daño causado ha sido el malestar entre las víctimas.
No creo que tengan razón quienes adivinan una amnistía en la N. P. P. El cambio no es muy relevante en el terreno de los hechos, pero sí en el de las intenciones. Por eso fracasará, igual que lo hizo la vía Nanclares: no da satisfacción a los terroristas, ni mejora sus expectativas del 20-O. ¿Quién querría ser un arrepentido individual si pueden ser héroes colectivos el día que lleguen a sus pueblos? Pero les transmite la imagen de un Gobierno sensible a las presiones y que está dispuesto a moverse. Por eso mismo decidirán esperar a que se mueva más; es pura lógica.

Santiago González

El espíritu del diálogo que mantuvieron ayer Montoro y Rubalcaba en el pleno del Congreso animaba una tira del gran Quino, en la que Mafalda asiste al arrebato de indignación que provoca en un anciano el paso de un joven melenudo y barbado, con atuendo hippie, que le hace exclamar: «Esto es el acabose», a lo que Mafalda replica: «No exagere, sólo es continuose del empezose de ustedes».
En la discusión que mantuvieron los dos tenían razones, aunque ninguno de los dos tuviera la razón. Montoro es correoso, pero no tiene una voz arrebatadora y el papel que le correspondía en el pleno de ayer era el de villano, con todos los grupos (salvo los dos diputados de UPN y el FAC) presentando sus enmiendas a la totalidad de unos presupuestos que serán ley cuando ya haya transcurrido una tercera parte del ejercicio al que corresponden.
El tipo menos adecuado para reprocharle al Gobierno el retraso por razones electorales era Rubalcaba. Bueno, sí, el presidente del Gobierno anterior, ya definitivamente un holograma, una cara de Bélmez, en el techo del Hemiciclo. Hubo razones electorales para darlos a conocer cinco días después de las andaluzas. Fue el continuose del empezóse: José Luis debió dejar hecha la tarea al Gobierno que le relevó el 20 de diciembre. Naturalmente, tal como estaba el tema, los salientes debieron pactarlos con los entrantes, que iban a ser los encargados de aplicarlos.
No fue el debate más memorable que guarda el diario de sesiones del Congreso. Ni Rubalcaba era Azaña, ni Montoro, Ortega y Gasset, para qué vamos a engañarnos. Rubalcaba es un dialéctico habilidoso. «Tiene mucha labia», se dice desde hace tiempo en su partido, expone con habilidad y sin dejarse constreñir por los hechos. Y tiene mañas. Lo que más sobresale en Alfredo Pérez Rubalcaba es ciertamente el lenguaje no verbal, esas manos que mueve vertiginosas sobre el atril de los oradores, en un gesto que recuerda en parte al legendario show de José Mota y también el virtuosismo del artista callejero en el manejo de los triles.
Últimamente también se está trabajando mucho el lenguaje verbal, propiamente dicho. No las palabras, no la sintaxis, ni la calidad de los sofismas, que son las de siempre. Es la oratoria. Rubalcaba ha desarrollado desde hace algún tiempo un tartamudeo ensayado que humaniza su discurso, le despoja de arrogancia y le dota de esos recursos alternativos de los que tratan de ligar sin haber nacido guapos. No les queda más remedio que imitar a Woody Allen: «Yo-yo ya-ya entiendo que el se-se- ñor Rajoy…», al tiempo que baja la cabeza, parpadea con modestia, enarca las cejas y se estira la manga izquierda de la camisa, como si quisiera cubrirse el reloj. Luego está la desenvoltura: «Lo-lo que más agradecen los me-mercados es la sinceridad, sí-sí, decir la verdad». Así lo dijo. Lástima que sólo el Gobierno dijera bien la cifra.

Santiago González

El factor estacional ha perdido vigencia. Ahora se pueden comer cerezas en diciembre y ver vídeos cainitas muy lejos de las campañas electorales. Ahora el dóberman está en celo prácticamente todo el año. El PSOE y el PP han reeditado aquella versión tan española del tema goyesco, duelo a garrotazos. En los primeros años 70, como no había partidos, estas broncas las protagonizaban los periodistas. Jaime Campmany y Emilio Romero se enzarzaron en una famosa guerra de sonetos, que ganó el primero.
Ahora los poetas han dejado paso a los cineastas y los aparatos de comunicación de los partidos. El PSOE atacó con su producción Donde dije digo, digo recortes, en el que hacía recuento de las promesas incumplidas del PP: recortaremos todo menos pensiones, Sanidad y Educación, no al copago, etcétera. Tienen razón. Incluso podrían haber añadido otra promesa que el Gobierno no va a poder cumplir: «No subiremos el IVA».
Dirán algunos de ustedes que antes de contar estos hechos ciertos, los socialistas deberían recordar aquel cartel de la campaña de 2008, el año en que empezamos a vivir peligrosa y precariamente: la foto del líder y su eslogan, Por el pleno empleo.
El PP ha respondido con otro vídeo sobre la herencia recibida y también tiene razón, aunque no parece que este corto vaya a ganar un Goya, a pesar del nivel medio del cine español. Floriano no es precisamente un actor del método. A mí me recuerda a Sacristán en alguna película de Lazaga.
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso empieza a cansarse del argumento y bien haría el partido del Gobierno en renovarlo. Ya hace cinco meses que Rajoy preside el Gobierno, no van a estar así toda la legislatura.
Es verdad que Zapatero seguía usando el hundimiento del Prestige en los mítines de las autonómicas gallegas contra el PP en febrero de 2009, tres campañas electorales y cinco años y tres meses después de los hechos. También es cierto que los socialistas han dejado los cajones llenos de facturas impagadas, aunque las de sus agravios políticos las pasaron tres veces al cobro. O más. El 6 de septiembre de 2011, ocho años y varias campañas después, Rubalcaba explicaba en la cadena amiga que los españoles tenían que elegir entre dos formas de resolver crisis: «Los españoles pueden comparar entre el señor Rajoy que hizo frente a la crisis del Prestige y yo, que hice frente a la crisis de los controladores». Por citar dos casos nada más.
La portavoz socialista podría ponerse en jarras pasado mañana en el Congreso y desenmascarar tanta falsía poniendo a ‘Soraya 1’ frente a la cuestión que no han sido capaces de explicar: «¿Me quiere decir, señoría, que ustedes, conociéndonos como nos conocen, suponían que les íbamos a dejar las cuentas ordenadas, las facturas pagadas y que el déficit se iba a ajustar a lo que decíamos?, ¿que cuando Elena Salgado decía ‘veo brotes verdes’ la creían? Es muy halagador que hayan confiado tanto en nosotros, como le digo una cosa le digo la otra, pero me va a perdonar que se lo diga con esta crudeza, señoría: están empezando a parecerme ustedes algo lilas».

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