20 años después hay más sumarios y más juzgados. El asunto está adquiriendo tal complejidad que los medios se están especializando. Un diario nacional recoge las noticias de corrupción bajo el cintillo: «Los escándalos que afectan al PP». El juez Ruz va citando sin prisas y sin pausas a los perceptores de dineros, según lo que parece la contabilidad de Bárcenas: García-Escudero, Nasarre, el ya condenado Matas, Del Burgo y lo que te rondaré.

Ayer volvió a ser noticia Miguel Blesa. No sé, ni puedo saberlo aún, si Blesa merece ir a la cárcel, aunque no por las pintorescas razones que el juez Silva Pacheco escribió en su auto al dictar la prisión provisional. Un diario digital publicó que Blesa recibió 600.000 euros del PP mientras presidía Caja Madrid. La idea de que un hombre que percibe por su trabajo una media de tres millones anuales por presidir una entidad de ahorro cobre un sobresueldo del partido que lo ha colocado en ese momio debería bastar para desmentir que la política está mal pagada.

El PP y el interesado han desmentido: el único pago que recibió Blesa fue de 9.000 euros en concepto de asesoría, y eso fue dos años antes de llegar a Caja Madrid. ¿Por qué un partido necesita contratar asesorías externas? No parece que Gramsci, al definir al partido como «intelectual orgánico», se estuviera refiriendo al PP.

Lo que pasó fue que el nombre de Blesa y su factura de 1994 se quedaron en la contabilidad como un apunte al que se le fueron añadiendo los saldos de otros proveedores de toda España cuyas facturas suman la cantidad citada. Y así ha estado durante años. «Escándalo espectacular», ha dictaminado el socialista Hernando. El asunto, sin embargo, era tan extravagante que predisponía a la credulidad. Por otra parte, no es bueno acelerarse, ¿a qué las prisas? El juez investigará el asunto, tomará declaraciones y, al final, sabremos con todos los detalles quiénes eran los proveedores colgados de la percha Blesa. No iba a ser ésta la única materia que no se filtra en la Audiencia Nacional desde que oficiaba en el número 5 Garzón.

La explicación con la que el PP amplió su insuficiente nota de prensa es razonable. En el número del apunte, 410.069, el código 410 corresponde a proveedores varios. Es decir, que en 1994 a Blesa le correspondió el número 69 (dicho sea sin señalar) de los proveedores de Madrid. Como era el primero, a su apunte se fueron sumando los proveedores que hacían el número 69 en todas las provincias de España. La suma de todos ellos arroja los 600.000 euros que se han querido ver en los bolsillos de Blesa. A cada cual lo suyo.

Es el juego de siempre; oiremos las voces más indesmayables del proceso, algo se mueve ahí dentro, a ver si el Gobierno mueve ficha, etcétera. Esto de la ficha, por cierto, es una banalización. Mueve pieza, deberían decir, para dotar al asunto de la solemnidad y el prestigio del ajedrez. La ficha es más propia de juegos pueblerinos o familiares: el dominó, las damas o el parchís, un suponer.

Se trata de que el Gobierno asuma como propio un problema que es de los presos y de la izquierda abertzale. Antes desarrollaron la misma martingala con la legalización de Batasuna, que parecía un problema de la sociedad española, de los partidos, de los gobiernos de Madrid y Vitoria. De todos menos de quienes querían volver a gozar de la legalidad. Luego pasa lo que pasa, que legalizados sus tres comandos institucionales gracias al Constitucional –Bildu (comando Donosti); EH Bildu (comando Gasteiz) y Amaiur (comando Madrid)–, los batasunos consideran que el Gobierno se ha salido con la suya y ahora le «toca mover ficha» a él.

O sea, que si el Ejecutivo no mueve, suya será la culpa de que la paz no sea tan definitiva como nos la habíamos imaginado. Si es ETA la que no se da a razones, esto avalará la independencia de criterio de la izquierda abertzale y su intención real de resolver el problema. Son los mismos que movilizaron a la tropa de Ondarroa contra la detención de una colaboradora del terrorismo y allí estuvo la portavoz Mintegi para dificultar en lo posible la tarea policial. La izquierda abertzale quiere que ETA reconozca el daño injusto causado, pero no que sus autores paguen por ello, ni condenar sus acciones.

Se juzgaba ayer en la Audiencia Nacional a los asesinos de la última víctima del terrorismo asesinada en el País Vasco: el inspector Eduardo Puelles, el 19 de junio de 2009. No había en aquel trío de idiotas morales que ocupaba el banquillo un cargo de conciencia. No reconocieron ante el tribunal el daño causado. Ni al propio tribunal, aunque el tribunal, en rigor, tampoco lo necesitaba. Tiene las pruebas.

No acabo de ver qué necesidad hay de que esos tres presuntos asesinos se dirijan a la viuda de Puelles, Francisca Hernández, a sus hijos y a su hermano Josu, para reconocer que les han causado un daño. Si lo sabrán ellos. Por otra parte, y en buena lógica, el reconocimiento de un daño, se supone que injustamente causado, debe llevar aparejado un propósito de restitución y el único que cabe, dada la irreversibilidad del mal causado, es la mínima capacidad de retribución de la Justicia y que cumplan íntegras las penas que se les impongan, como decía ayer Josu Puelles.

Mas-Colell iba solo; quedó pues primero y último, lo que es a todas luces un resultado más brillante. El objetivo era librarse del Fondo de Liquidez Autonómico y la respuesta es un anticipo de lo que sería una Cataluña independiente: mientras el bono español a 10 años está a un 4,2%, el catalán se pondría entre el 7 y el 7,5%. Además, los inversores neoyorquinos, que no son amantes de las fantasías, le mostraron su preocupación por el proceso independentista.

Hay precedentes. El 18 de octubre de 1983, el entonces vicelehendakari del Gobierno vasco, Javier García Egocheaga, se encontraba en Los Ángeles. Había concertado una cita con los directivos de Hewlett Packard para persuadirles de que el País Vasco era un buen lugar para instalar una planta de la firma. Durante la reunión llegó un teletipo con la noticia de que cerca de Bilbao había aparecido el cadáver del capitán Martín Barrios, secuestrado 13 días antes por ETA. En aquel momento los anfitriones musitaron una breve excusa y la reunión quedó disuelta.

El marrón de Mas-Colell no era tan grave; el soberanismo que intenta su Gobierno es incruento y hace ya muchos años que Terra Lliure, la banda terrorista que apoyaba ERC, su socio en el Parlamento catalán, disolvió su crueldad en incompetencia y melancolía, pero para su desgracia sigue teniendo validez aquella expresión de John M. Keynes, primer barón de Tilton: «Nada hay tan tímido como un millón de dólares». Siempre queda la posibilidad de gritar: «Wall Street ens roba!» o de cantar: «Endarrera aquesta gent / tan ufana i tan superba». Pero ni un dólar.

Me imagino que Artur Mas sufre un estado de perplejidad que habría podido resolver con la revelación de Sammy Davis Jr., uno de los cuatro magníficos golfos del Rat Pack: «Gracias a que soy famoso he sido expulsado de lugares en los que por ser negro no me habrían dejado ni entrar». Dicho sea con perdón y sin ánimo de señalar.

Pero vamos a ver, Artur, alma de cántaro. ¿Dónde vas a ir que más valgas? ¿Dónde va a tener alguien como tú la oportunidad de entrar a pedir dinero con el aire de perdonavidas con el que entraste el 20 de septiembre último en el despacho del presidente del Gobierno español, sin ser puesto de patitas en la calle por un par de ordenanzas negros, como el rey de Harlem, al decir de Lorca, «disfrazados con un traje de conserje»? Sólo en Espanya, president. Lo mires como lo mires.

Joseba Egibar echaba de menos que los batasunos no hubieran mantenido una resistencia activa o pasiva frente a ETA como la que mostraron en Ondárroa contra la detención de una lugareña condenada por colaborar con un comando de la banda. Por aquel entonces también habría estado bien que él mismo no hubiera lamentado que el entonces ministro del Interior «Mayor Oreja pretende reducir operativamente a ETA a la mínima expresión». Qué descaro.
Son asesinos –ahí está su obra– y son natos, pero no son asesinos natos. Lo hacen fríamente, sin motivos personales. La sangre que vierten es simbólica y no hay en sus crímenes nada personal, ninguna pulsión o pasión profunda capaz de explicar el comportamiento humano. No había nada personal, que diría Don Corleone, pero ni siquiera eran negocios, como explicó Setién. Sólo un odio abstracto en el que se han educado y que descargaron mortalmente contra sus 858 víctimas concretas.

Pongan las siglas y la cifra en el buscador de Google y podrán comprobarlo. No es un mal plan. Ni siquiera hace falta crear empleos. Basta repartirlo entre los parados y se acabó la crisis.
El Gobierno está dispuesto a acuerdos concretos sobre pensiones, transparencia y Administraciones Públicas, pero no va a aceptar la propuesta de Rubalcaba: un acuerdo, no sólo con los agentes sociales, patronal y sindicatos, sino con todos los partidos. Que el PSOE haya redescubierto los pactos de La Moncloa 36 años después no es un misterio glorioso, pero más vale tarde y Rajoy hace mal en su negativa categórica.
No tiene muchas posibilidades. Para comenzar debería ser un pacto de Estado en asuntos que superan con mucho nuestros problemas económicos: educación, política exterior, defensa y los desafíos soberanistas, por ejemplo. ¿Podría Rubalcaba empezar por poner orden en su propia casa? Disciplinar a Pere Navarro no es garantía de salvación para un Estado de salud tan quebradiza, pero menos daría una piedra. O una pedrada.

Don Juan Carlos no es el viejo rey leño, como el Claudio de Robert Graves al decir de la Sibila, que nombró heredero a Nerón para que Germánico reimplantara la República. En esta hora de penumbra institucional, el porcentaje de quienes juzgan como bueno o muy bueno el balance del reinado de Don Juan Carlos es favorable (46,5%) frente al 21,5% de quienes lo juzgan malo o muy malo. La entrevista pregunta por el balance, y para hacer el balance es obligado echar un vistazo a la cuenta de resultados.
Otro método recomendable es preguntarse: ¿comparado con qué? Y es obligado responderse que el Monarca ha encarnado la Jefatura del Estado durante el periodo más largo que conoce nuestra Historia en que los españoles hayamos convivido en libertad. «La más triste sin duda es la de España, porque termina mal», escribió Gil de Biedma sobre todas las historias de nuestra Historia. Ninguna etapa de libertades llegó a durar los 38 años que lleva Don Juan Carlos, sin contrastar con las dos experiencias republicanas. Ésta es una razón que debería llevarnos a la convicción de que la abdicación puede esperar, mientras tenga fuerza y determinación para la tarea. No sólo porque después de tanto trienio merece una consideración y un respeto, sino para no cargar al Príncipe con una hipoteca pesada para el comienzo de su reinado.

También recordarán que, ocho meses después, el TS falló que sí eran de la banda, pero no dirigentes, por lo que rebajó la sentencia de Díez y Otegi a seis años y medio y la de sus compañeros de banquillo a seis. El Constitucional deberá estudiar la petición de la defensa de que, al aceptar el recurso, suspenda la ejecución de la sentencia y ponga a los condenados en libertad.

Todo parece indicar que la estancia carcelaria de los cinco de Batergune va a ser acortada. El argumentario de Iruin se extiende y ya es abiertamente mayoritario en la sociedad vasca. Una moción a favor de liberar a Otegi en el Parlamento vasco obtendría hoy 64 votos a favor y 11 (PP y UPyD) en contra. Por la libertad de Otegi ha clamado todo el nacionalismo y el socialismo vasco realmente existente, con su presidente y su secretario general a la cabeza, y quien era, en la fecha de la sentencia del Supremo (mayo de 2012), el consejero de Interior, Rodolfo Ares. Siete meses antes, la portavoz del Gobierno de López se había pronunciado a favor de la sentencia.

Suena bien el discurso de Iruin: cómo se puede tener en la cárcel a un hombre por haber intentado reconstruir a Batasuna, cuando el resultado de su obra, bajo el nombre de Sortu, ha sido gozosamente admitido por el Tribunal Constitucional.

Es verdad que hay dos problemas: el primero es que fueron condenados por integración en banda armada y eso sigue tipificado en el 570 del Código Penal. ETA sigue siendo una organización terrorista para la Justicia, a pesar de su comunicado del 20 de octubre de 2011. Por otra parte, los condenados fueron detenidos en octubre de 2009, dos meses antes de que empezaran a producirse disensiones entre ETA y el resto de la izquierda abertzale. El comienzo de sus gestiones fue un encargo, no un gesto de rebeldía. Es más, el intento de la banda de aprovechar la detención de Otegi para reforzar su papel dirigente fue un motivo para que el disenso entre los terroristas y su brazo político comenzara a ser real. La detención de Otegi fue positiva para que ETA comenzara a plantearse el abandono de la violencia.

La sentencia del Supremo contó con dos votos particulares, uno de ellos, el del magistrado Alberto Jorge Barreiro, extraordinariamente ardoroso en la exculpación de los condenados. El mismo Jorge había presentado un voto particular contrario a la sentencia que denegó la inscripción de Sortu. Formaba parte de la misma lógica. Por eso mismo, no parece probable que el Constitucional vaya a oponerse a la excarcelación de Otegi. No van a desdecirse.

Siempre he tenido una buena opinión del presidente de los populares vascos. No era uno de los políticos que han profesionalizado su afán de servicio a la comunidad. Podría haberse dedicado a las empresas familiares con mayor tranquilidad y provecho económico, pero desechó esa posibilidad para hacer equipo municipal con su tía Ascen Pastor en el Ayuntamiento de Bilbao, para ser concejal del PP en una comunidad en la que tenía que ir con tres escoltas porque ETA mataba a los concejales de su partido. Por otra parte, ser cargo público del PP en Bilbao no es como serlo en Madrid, pongamos por caso. Tiene algo menos de oropel y de glamour, no sé si me explico.

Ahora, considera que ha llegado la hora del adiós, que 18 años es un periodo de tiempo suficiente para dedicarlo al compromiso político y que él, según explica, nunca ha tenido la intención de envejecer como un político profesional. Ha llegado a los 43 y piensa que es una buena edad para empezar otras actividades profesionales menos ingratas y que le permitan dedicar más tiempo a su familia.

No va a ser una despedida larga. Expuso su intención al presidente de su partido y ahora tendrá que resolver el problema sucesorio entre quienes parecen los candidatos mejor colocados para optar a la Presidencia: Arantza Quiroga y Alfonso Alonso. La rapidez que quiere imponer en el proceso hará desaconsejable la organización de un congreso extraordinario –que el PP, en rigor, tampoco considera imprescindible para sustituir al líder– y será una junta directiva la que resuelva el tema. Probablemente haya algún aspirante más, pero con muy pocas posibilidades. Los dos citados han cumplido razonablemente bien sus cargos: Quiroga, la Presidencia del Parlamento vasco, y Alonso la portavocía del Grupo Popular en el Congreso. Entre ambos parece mejor colocada la primera, que cuenta con el apoyo de los suyos y de los vizcaínos, y seguramente el del propio Basagoiti, aunque éste no se permite gestos explícitos al respecto.

No es un mandato fácil ni agradable el que recibe el heredero. El reconocimiento social al PP es perfectamente mejorable en Euskadi, pero basta escuchar al mismo Patxi López a quien auparon a la Lehendakaritza casi gratis (la Presidencia del Parlamento para Quiroga fue el precio), para considerar que la gratitud no es una virtud muy generalizada en el cuerpo social).

Antonio Basagoiti se va y tal vez la política vasca debería mejorar sus hábitos ordinarios y cantar un Agur, Jaunak para hacer un primer y último reconocimiento a un buen tipo.

Gesto por la Paz hizo visible un dolor y una posición moral que hasta su aparición eran cuidadosamente disimulados por los ciudadanos vascos. Estos chicos popularizaron el lazo azul como señal de protesta silenciosa contra los secuestros, trasmuta protesta de sus concentraciones tras cada asesinato y que anima su manifestación anual, que desde 1988 convocaban en el aniversario de la muerte de Gandhi, cuyo lema La paz es el camino les inspiraba.

Cuenta hoy Casimiro García-Abadillo que los expertos de la lucha antiterrorista barruntan que ETA no se va a disolver. La que tenía que disolverse era ETA, no Gesto, que muy bien podría haber aplazado su iniciativa hasta el fin de la banda terrorista y mientras sus albaceas testamentarios no hayan roto con el legado espiritual de la difunta.

En Interior soñaban un fin como el de los polimilis, con aquella rueda de prensa de los Aulestia que dio tan vistosos titulares a la prensa española en enero de 1985: adiós a las armas, etc. No va a poder ser. Están dispuestos a hacer un paripé, una entrega simbólica, pero en una negociación con el Gobierno. La ensoñación de los terroristas ha estado siempre encaminada hacia la idea de un armisticio del que sacar alguna ventajilla. Aquí está nuestro Maroto, ¿dónde está vuestro Espartero?

Están derrotados por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por las conveniencias de la causa abertzale. Después de todo, si han matado tanto no ha sido para satisfacer ninguna psicopatía, sino para conseguir el poder. Si les ha bastado hasta ahora con una mirada distraída a la Ley de Partidos, la legalización y los votos, ¿para qué otros esfuerzos?

Nada que parezca rendición. Siguen diciendo que no se disolverán sin una negociación sobre los presos o un desarme bilateral: ellos dejan las armas y la Guardia Civil y el Ejército salen de Euskadi, con árbitro internacional para vigilar el proceso y garantizar su cumplimiento. Otro abrazo de Vergara. Uno de los grandes errores que se han cometido con ellos fue llevar el plan de paz a Estrasburgo y aceptar la conferencia de Ayete. El Gobierno no puede hacerles otro reconocimiento simbólico ni Gesto debería haberse disuelto. ¿Para qué, si ya no matan? Para sostener el relato. Habría sido una hermosa y necesaria labor para este tiempo.

¿Y si estuviéramos enredados en un debate perverso? La cuestión no está en un tamaño del sector público menor o mayor, sino en su eficacia. Una reducción drástica del funcionariado impuesto por motivos políticos saneará la Administración y la dotará de agilidad y eficacia.
No está claro, en cambio, que la entrega de ese ahorro a las familias vaya a producir efectos más beneficiosos que si fuera a la inversión productiva pública (en línea con las recomendaciones del FMI) con un efecto multiplicador que compensaría sobradamente y a corto plazo el recorte de tantas plantillas tan infladas.
Paul Samuelson acuñó la disyuntiva cañones o mantequilla para explicar el coste de oportunidad. La política económica es un traje que siempre tira de la sisa y hay que optar. La cuestión es que su ejemplo estaba en la frontera de las posibilidades de producción, y la economía española no. Nosotros estamos más cerca de optar entre la escopeta de feria y el tulipán socialdemócrata, que, como siempre hemos sabido, lo hace todo más apetitoso.
Entre las dos opciones cabe la reasignación de recursos y la consiguiente mejora de la eficacia. Y del empleo.