Congreso de imputados

Santiago González

El artículo 494 del Código Penal tipifica como delito el comportamiento de los indignados valencianos y prescribe de seis meses a un año de prisión o entre doce y 24 meses de multa para  “los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea legislativa  de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”.

Parece fuera de duda que aquello era una manifestación no autorizada ante una asamblea legislativa, alterando su normal funcionamiento, puesto que trataron de impedir el acceso de los diputados a sus escaños y por tanto la constitución de la cámara autonómica.

El subdelegado del Gobierno opinaba en los telediarios que el comportamiento indignante de los indignados era delictivo y a falta de conocer la opinión de dos cualificadas partidarias del movimiento como Paris Hilton y Rosalía Mera, una mujer a la que su divorcio de Amancio Ortega ha convertido en la mujer más rica de España, hay que pensar que tiene razón.

Los manifestantes no tienen razón, aunque tengan razones. La razón la perdieron los primeros días, al privatizarse un espacio público, al considerar que la soberanía nacional no reside en el Congreso de los Diputados, sino en un grupo de espontáneos que ha decidido privatizársela, como los acampados de Madrid la Puerta del Sol, como los de Valencia la Plaza de San Lorenzo, al creer que el espontaneísmo asambleario representa mejor la voluntad de los ciudadanos que el Parlamento nacido de unas elecciones regladas. La madre de todas las injusticias es el desorden, que la democracia no reside en las buenas intenciones de los ciudadanos, sino en el procedimiento legal, el orden reglado de la convivencia. Esto lo saben bien los comerciantes de Sol que han denunciado pérdidas millonarias. También debería saberlo el Ministerio del Interior, que ha observado una pasividad indignante a lo largo de los 25 días que va durando este pintoresco equívoco.

Una vez dicho esto con la solemnidad suficiente para evitar que algún lector distraído me confunda con cheerleaders al estilo de las señoras Mera y Hilton, es preciso decir que es imposible no compartir el eslogan que ayer enarbolaba una pancarta frente a Las Cortes en la que tomaban posesión de sus escaños nueve ciudadanos imputados o implicados en delitos de corrupción: “Fuera corruptos de las instituciones”. Ayer fue el primer día en el que Rajoy pudo meditar sobre el error profundo que cometió al aceptarle a Camps las listas de la vergüenza. Fue el primer día, pero no será el último, aunque no son los espontáneos de la plaza los llamados a hacer justicia. La democracia tiene sus leyes, que son las nuestras, y jueces que las aplican. Es el procedimiento, el orden.

 

 

 

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Acerca de Santiago González

Periodista. Columnista de El Mundo. Ha publicado "Un mosaico vasco" (2001), "Palabra de vasco. La parla imprecisa del soberanismo" (2004), "Lágrimas socialdemócratas. El desparrame sentimental del zapaterismo" (2011) y "Artículos 1993 - 2008" (2012). Premio de Periodismo El Correo 2003.
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