Pagar la minuta

El ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía Daniel Rivera está imputado en el caso de los ERE fraudulentos. Resulta que el Gobierno de Pepe Griñán ha decidido pagar la minuta del prestigioso abogado malagueño Pedro Apalategui, que va a defender su causa. Defiende el portavoz de la Junta que el ex director es persona honesta que contribuyó a esclarecer el asunto y que ha colaborado activamente con la Justicia para ello.

Qué extraño resulta, a la luz de los precedentes, si consideramos la resistencia del Gobierno para entregar a la juez Alaya los expedientes que ella había solicitado y las escasamente consideradas cábalas que colegas de Rivera hacían sobre la vida sexual de su señoría.

Colaborar con la Justicia para esclarecer delitos que permanecían en lo oscuro es asunto muy encomiable. Yo mismo lo he defendido cada vez que he tenido ocasión como criterio básico para encauzar a los terroristas presos por el camino de bien; no me desmentiré en el latrocinio de los ERE. Si tan seguros están de su inocencia, ¿por qué lo destituyeron el mes pasado?, se preguntarán ustedes, y les responderán aquello de la mujer del César y las apariencias, asunto de mucha raigambre jurídica desde que lo empleó Margarita Robles contra Dívar.

Está bien que el Gobierno agradezca a uno de los suyos sus esfuerzos para aclarar la trama. Sostiene el portavoz que «fue él quien puso en pie toda la investigación» con un grupo de funcionarios independientes. Y le pagan el abogado, en lugar de lapidarlo. Debe de ser el impulso moral de Diego Valderas. Como tampoco era cosa de estresar a los citados funcionarios, algún fin de semana les permitió descansar y revisó los expedientes de los ERE con un grupo más de confianza. ¿Quién podría reprochar a personal tan voluntarioso que, durante la revisión, se destruyeran accidentalmente algunos expedientes? La juez Alaya le imputa haber colado dos intrusos entre los prejubilados de la empresa Surcolor y una antigua asesora llevó a la Guardia Civil una conversación grabada con Rivera, en la que éste reconoce haber dado una subvención extraordinaria a la empresa Elizana de Lucena, hermosa aliteración, aunque no tanto como la que popularizó Roldán: el melocotonar de Mequinenza.

El director Rivera ha sido imputado siguiendo la tradición de los directores de Trabajo de la Junta. A mí lo que me parece mal es el númerus clausus. Deberían ampliar la cobertura jurídica al ex director general Guerrero y muy especialmente a su chófer, un visionario que desconfiaba de los viejos procedimientos y, además de darle un ERE a un compañero, convertía una parte del gasto social en inversión en el sector servicios, no diré que productiva, pero sí satisfactoria.

No negaré los méritos de Rivera, aunque lo de Guerrero y su chófer me parece especialmente injusto. Ésta es la clave de la decadencia de España. No se sabe valorar a los emprendedores.

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Acerca de Santiago González

Periodista. Columnista de El Mundo. Ha publicado "Un mosaico vasco" (2001), "Palabra de vasco. La parla imprecisa del soberanismo" (2004), "Lágrimas socialdemócratas. El desparrame sentimental del zapaterismo" (2011) y "Artículos 1993 - 2008" (2012). Premio de Periodismo El Correo 2003.
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