Eskratxe, matxake

¿Qué es el escrache? me preguntas, al hilo de la pujanza que el concepto está adquiriendo en esta recién nacida primavera. No es más que el pueblo, ese valor supremo de la España montonera, que pudiendo ser ciudadanía se encuentra más en su ser constituido en turba. Varios diputados del PP y el ministro de Justicia han sido víctimas de esta forma de acoso que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el movimiento que acaudilla Ada Colau, ha importado del Cono Sur. Nosotros les regalamos la guerrilla y ellos nos devuelven esto. Un uso democrático por otro.

El 12 de febrero pasado el Congreso admitió a trámite la ILP sobre la dación en pago que propugna la citada PAH. Todos los grupos votaron sí, pero el resultado, lejos de alegrar a los proponentes, desató sus insultos. No querían hacer uso del mecanismo legal para hacerse oír en el Congreso, sino suplantar al legislador.

El nombre viene del sur, pero la práctica es del norte. En 1995, KAS aprobaba la ponencia Txinaurriak, en la que prescribía su tratamiento para los medios de comunicación y los periodistas. Antes de pasar a mayores había que señalar, acosar y deslegitimar: «Habría que hacer una labor concreta en torno a los medios de comunicación, pero esto exige dar primero algunos pasos. (…) La dinámica de denuncia y presión que hay que realizar de los periodistas y empresas está por hacer».

El 17 de octubre de 1996, una treintena de militantes de HB se concentraron ante la casa que el entonces presidente del PP vasco tenía en Portugalete con una denuncia y un propósito: «Carlos Iturgaiz tiene gran responsabilidad en la represión de nuestro pueblo. Vamos a seguirle a todos los sitios donde vaya y le vamos a machacar hasta que el machaque a los presos vascos no cese. Nadie tiene derecho a andar por la calle mientras nuestros derechos sigan conculcados…».

Machaque, escrache, qué aliteración tan bien vista por la chusma. «Lo único que hacemos es interpelar a representantes públicos», dice Colau. El acoso, el señalamiento, el escrache, llamarles «asesino» o «criminal», como a aquel representante de la banca en el Congreso, son una interpelación. Si los míos no pueden pagar la hipoteca (una desgracia) nadie tiene derecho a estar seguro en su casa. Las almas bellas entienden esto y se vuelven mediatrices. Vale, sí, no está bien que aporreen la puerta de un diputado del PP, mayormente por los niños. Valdría con que protestaran desde la acera de enfrente. Los jueces ya no son el cobrador del frac de los bancos, pero la PAH sí es el cobrador del frac de la deuda moral que tienen los legisladores con quienes no pueden hacer frente a su hipoteca.

Al igual que se llama impuesto revolucionario a la extorsión o piquete informativo a la coacción huelguista, podemos llamar «visitas no solicitadas» a toda esta patotada. Pero la autoridad no tiene obligación de aguantarlo, señora Cifuentes. Ni derecho a quejarse. El Gobierno tiene herramientas para restaurar la ley y la obligación de usarlas. Que acosen al ministro de Justicia en su casa lleva a la peña a la desconfianza.

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Acerca de Santiago González

Periodista. Columnista de El Mundo. Ha publicado "Un mosaico vasco" (2001), "Palabra de vasco. La parla imprecisa del soberanismo" (2004), "Lágrimas socialdemócratas. El desparrame sentimental del zapaterismo" (2011) y "Artículos 1993 - 2008" (2012). Premio de Periodismo El Correo 2003.
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