Es coacción

Toda España era ayer un escrache ma non troppo, un amontone populista discreto para denunciar la negativa del PP a votar tal cual la IPL de Ada Colau y asociados para la dación en pago retroactiva. El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, ha intentado quitarle hierro al asunto: «Los escraches no son la mejor manera de protestar». Tiene bastante razón. De hecho, ni siquiera es una forma de protestar, sino de amenazar, coaccionar, acosar e intimidar a los diputados para condicionar su voto. ¿Hay amenazas pacíficas? Si aceptamos que la justicia de una causa ampara que los más violenten la libertad y los derechos de los menos, tenemos un problema con nuestros principios democráticos. Están, por otra parte, los aspectos epistemológicos del asunto: ¿Quién define dónde están los más y qué es lo justo? Nos lo explicarán Verstrynge y Colau.

Hay en todo el argumentario que usan los escuadristas del escrache abusos conceptuales notables. Por ejemplo, que se confunda a los desahuciados con portavoces como los citados, que no han sufrido un lanzamiento de su vivienda ni pueden sufrirlo. Confundir, con la inestimable colaboración del Consejo General del Poder Judicial, churras con merinas y hacer pasar por desahucio de su vivienda habitual ejecuciones hipotecarias sobre segundas, terceras viviendas, lonjas comerciales, pabellones industriales y fincas rústicas. No sé si hubo alguna vez 11.000 vírgenes, pero jamás hubo en España 400.000 familias expulsadas de sus viviendas.

El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner,dio el lunes la cifra de 200.000 en el año 2012. Negó saber cuántas ejecuciones son de primera vivienda, aunque su ojo de buen cubero le dice que la décima parte.

El derecho a la libertad de expresión no comporta derecho a injurias, ni a coacciones contra terceros. Colau y sus seguidores deberían saber que eso es confundir libertad con librería. También confunden el derecho a la iniciativa legislativa popular que empezaron a ejercer el pasado 6 de febrero con la presentación de la ILP sobre dación en pago ante el pleno del Congreso y su aceptación a trámite por éste con la obligación de la cámara soberana (de ahí su nombre) de aprobarlo tal cual. La PAH no es todavía una cámara legislativa.

El artículo 498 del Código Penal dice: «Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años».

La Ertzaintza dio una pista el lunes de cómo afrontar los escraches, al ordenar retirarse a los acosadores a una distancia de 300 metros. Los acosadores se han quejado de la coacción de la Ertzaintza. Cualquier día lo harán los violadores: sí se puede; no quieren. No es mal punto de partida el de la Policía vasca, aunque el problema básico es la coacción implícita: sabemos dónde vives; nuestro aliento, tu nuca. Tal vez los escrachadores deberían ir a las fuentes: apostarse en los colegios electorales los días señalados y seguir hasta la urna a los conocidos del barrio que votan al PP para afearles su conducta y conseguir que voten correctamente.

Tal vez alguno de los acosadores, de los que tienen hipoteca a la que no pueden hacer frente, piensa que está actuando para conservar su casa. No es cierto. Todo este desmadre peronista sólo es para que el desahucio, la salida de su casa y la entrega de las llaves sea el último contacto con el prestatario. ¿Y dice usted, señora Colau, que la gente se suicida porque no se le admite la dación en pago? Esto irá a peor, ya lo verán.

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Acerca de Santiago González

Periodista. Columnista de El Mundo. Ha publicado "Un mosaico vasco" (2001), "Palabra de vasco. La parla imprecisa del soberanismo" (2004), "Lágrimas socialdemócratas. El desparrame sentimental del zapaterismo" (2011) y "Artículos 1993 - 2008" (2012). Premio de Periodismo El Correo 2003.
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