La izquierda abertzale suscribe una iniciativa internacional impulsada por ella misma que pretende convencer a los terroristas presos de que den pasos a favor del proceso. Y sugieren que reconozcan el daño que causaron a sus víctimas, las que tienen, no en su conciencia, habitáculo moral del que carecen, sino en el capítulo Hechos probados de la sentencia que les envió a la cárcel. Y al Gobierno que negocie.
Es el juego de siempre; oiremos las voces más indesmayables del proceso, algo se mueve ahí dentro, a ver si el Gobierno mueve ficha, etcétera. Esto de la ficha, por cierto, es una banalización. Mueve pieza, deberían decir, para dotar al asunto de la solemnidad y el prestigio del ajedrez. La ficha es más propia de juegos pueblerinos o familiares: el dominó, las damas o el parchís, un suponer.
Se trata de que el Gobierno asuma como propio un problema que es de los presos y de la izquierda abertzale. Antes desarrollaron la misma martingala con la legalización de Batasuna, que parecía un problema de la sociedad española, de los partidos, de los gobiernos de Madrid y Vitoria. De todos menos de quienes querían volver a gozar de la legalidad. Luego pasa lo que pasa, que legalizados sus tres comandos institucionales gracias al Constitucional –Bildu (comando Donosti); EH Bildu (comando Gasteiz) y Amaiur (comando Madrid)–, los batasunos consideran que el Gobierno se ha salido con la suya y ahora le «toca mover ficha» a él.
O sea, que si el Ejecutivo no mueve, suya será la culpa de que la paz no sea tan definitiva como nos la habíamos imaginado. Si es ETA la que no se da a razones, esto avalará la independencia de criterio de la izquierda abertzale y su intención real de resolver el problema. Son los mismos que movilizaron a la tropa de Ondarroa contra la detención de una colaboradora del terrorismo y allí estuvo la portavoz Mintegi para dificultar en lo posible la tarea policial. La izquierda abertzale quiere que ETA reconozca el daño injusto causado, pero no que sus autores paguen por ello, ni condenar sus acciones.
Se juzgaba ayer en la Audiencia Nacional a los asesinos de la última víctima del terrorismo asesinada en el País Vasco: el inspector Eduardo Puelles, el 19 de junio de 2009. No había en aquel trío de idiotas morales que ocupaba el banquillo un cargo de conciencia. No reconocieron ante el tribunal el daño causado. Ni al propio tribunal, aunque el tribunal, en rigor, tampoco lo necesitaba. Tiene las pruebas.
No acabo de ver qué necesidad hay de que esos tres presuntos asesinos se dirijan a la viuda de Puelles, Francisca Hernández, a sus hijos y a su hermano Josu, para reconocer que les han causado un daño. Si lo sabrán ellos. Por otra parte, y en buena lógica, el reconocimiento de un daño, se supone que injustamente causado, debe llevar aparejado un propósito de restitución y el único que cabe, dada la irreversibilidad del mal causado, es la mínima capacidad de retribución de la Justicia y que cumplan íntegras las penas que se les impongan, como decía ayer Josu Puelles.
El Vivero 