Tribunal exprés

Tenía uno escrito que ningún cinéfilo tan reputado como Eduardo Torres-Dulce puede ser del todo una mala persona ni un mal jurista, impresión que ratifica su carta a la asociación Dignidad y Justicia. Dice en ella que aunque las sentencias de Estrasburgo tengan un valor declarativo, «son obligatorias para el Estado demandado», pero que es el Tribunal Supremo quien debe fijar en su reunión de mañana los criterios que deberían haber orientado las excarcelaciones posteriores a las de Inés del Río y Juan Manuel Piriz.
No ha podido ser. Seguramente temerosos de que una demora de cuatro días arruinara la justa fama que la Justicia española ha acreditado en el tiempo sobre su proverbial celeridad, los jueces de la Audiencia Nacional han decidido que no podían esperar cuatro días. «El condenado no puede esperar», decía en El verdugo el director de la cárcel de Palma al ejecutor Nino Manfredi ante su falta de resolución. Los etarras encarcelados y los jueces de la Audiencia Nacional, tampoco.
Los británicos son gentes menos acomplejadas: circulan por la izquierda, tienen su propio sistema métrico y pagan y cobran en libras. De ahí que las autoridades del Reino Unido hayan decidido que Antton Troitiño, asesino del comando Madrid, permanezca en la cárcel de Long Lartin y, gracias a eso, no haya sido puesto en libertad por nuestra Audiencia junto a su hermano Txomin, asesino de Hipercor, dicho sea en ambos casos con perdón de la sensibilidad que para estas etiquetas tiene el fiscal superior Calparsoro.
Hay una cierta justicia poética: fue la Audiencia Nacional quien decretó la excarcelación que posibilitó su fuga. Un memorable auto del juez Alfonso Guevara de abril de 2011, eficazmente complementado por el ministro Rubalcaba, que no consideró necesario controlarlo, decretó su libertad. Seis días después, el propio Guevara hizo un nuevo auto para enmendar su metedura de pata, pero ya era tarde: Antton Troitiño se había abierto y fue la Justicia británica la que lo detuvo.
Ahora, la Audiencia ha vuelto a ningunear al Tribunal Supremo con sus prisas. Parecería de sentido común haber aplazado su decisión de excarcelar a Troitiño y a sus compañeros hasta mañana, cuando el más alto tribunal de España, es un decir, haga pública su decisión. Sin prejuzgar ésta, la Audiencia debería haber considerado que el TEDH había desautorizado al TS, qué menos que permitirle a él dar la respuesta.
En mayo de 2011, era el TC el que hacía el pase del desdén al Supremo al legalizar Bildu después de asumir funciones que no le correspondían, como reexaminar pruebas ya evaluadas por el Supremo, como si fuera un tribunal de casación, en vez de una instancia de garantías constitucionales. Trece meses después, volvió a hacer lo propio con Sortu. Visto lo visto, y con criterios de austeridad, tal vez conviniera suprimir el Tribunal Supremo, tan superfluo, y que sus funciones se las repartan entre la Audiencia Nacional y el Constitucional. Y ya, puestos, cederle alguna competencia al Tribunal de las Aguas de Valencia.

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Acerca de Santiago González

Periodista. Columnista de El Mundo. Ha publicado "Un mosaico vasco" (2001), "Palabra de vasco. La parla imprecisa del soberanismo" (2004), "Lágrimas socialdemócratas. El desparrame sentimental del zapaterismo" (2011) y "Artículos 1993 - 2008" (2012). Premio de Periodismo El Correo 2003.
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