Ah, las balanzas

Artur Mas, ese hombre, ha declarado que las balanzas fiscales se hacen públicas por puro interés político. Recordarán, incluso los lectores más desmemoriados, que la exigencia de las balanzas fiscales fue una reivindicación insistente del nacionalismo catalán. Ellos no quieren el método de cálculo carga-beneficio, sino el de flujo monetario; lo que pretenden es no contabilizar como gasto el que no se produce en la Comunidad. Cataluña, por tanto, no tendría por qué asumir la parte que le corresponde de las embajadas españolas en el extranjero, un suponer, o el coste de la Defensa que no se realice estrictamente en territorio catalán o la amortización de la deuda.

Lo que sostiene Ángel de la Fuente, uno de los autores de las cuentas, (él no les llama «balanzas fiscales» sino «cuentas públicas territorializadas») es que, aunque habría que cambiar el sistema, en los saldos fiscales sólo debe compararse lo que es comparable, es decir, los gastos públicos que están territorializados, como son la sanidad y la educación.

Aunque se modifique el modelo de financiación seguirá habiendo algunas comunidades que sean aportadoras netas, como Madrid y Barcelona, y otras que sean receptoras netas, como Galicia y Castilla y León, aunque eso no es una señal de inequidad, sino el resultado de un hecho: la vejez de la población determina un gasto mayor en pensiones, gasto que no está territorializado, lo que también ocurre con el desempleo, que tampoco es un gasto territorializado.

La primera consecuencia ha sido universalmente negativa: las comunidades contribuyentes se quejan por pagar y las receptoras, porque al hacerse públicas, las balanzas fiscales contribuyen al desencuentro entre las Comunidades. En realidad, las primeras, muy especialmente Cataluña, quisieran un sistema como el del concierto vasco, que con el mismo esfuerzo fiscal permite una sobrefinanciación por habitante del 180% de la media nacional. La cuestión no está en el sistema de concierto, sino en la aplicación del cupo, que no cálculo. Como precisó ayer José María Fidalgo en Onda Cero, «el cupo no se calcula; se negocia».

Nada más cierto. En los años 80, el entonces parlamentario de Euskadiko Ezkerra Xabier Olaberri se hizo con un bloc que los diputados del PNV habían dejado abandonado en el tren que les llevaba a Madrid a negociar el cupo. Era un cálculo-crucigrama: partía de la cifra que querían pagar y se remontaba hacia atrás para fijar las valoraciones necesarias. «Un cálculo hecho con el reputado método de la contabilidad analítica de Sokoa», dijo Olaberri, en referencia a la famosa cooperativa de ETA en Francia desmantelada poco antes.

No habría problema para generalizar el sistema de concierto, pero universalizar el cupo vasco sería imposible. El sistema tolera esta inequidad porque el PIB de Euskadi es el 5% del español, pero si se extiende a Cataluña, cuyo PIB supone el 19% del total, quebraría el sistema. La suma de las partes de un todo no puede ser superior al 100%; es triste, pero es así la vida.

Anuncios

Acerca de Santiago González

Periodista. Columnista de El Mundo. Ha publicado "Un mosaico vasco" (2001), "Palabra de vasco. La parla imprecisa del soberanismo" (2004), "Lágrimas socialdemócratas. El desparrame sentimental del zapaterismo" (2011) y "Artículos 1993 - 2008" (2012). Premio de Periodismo El Correo 2003.
Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.