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Es mucho lo que da de sí el genio de la raza. Un asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha tenido una ocurrencia, que es como una idea, pero en plan algo más casual. Esto, ya de por sí, debería mover a preocupación a Rita Barberá, que es la jefa de Luis Salom, ese campeón de los 100 metros lisos en los registros burocráticos, lo que hace de él un velocista puro.

Viene a resultar que nuestro hombre se plantó el miércoles en la Oficina de Patentes y Marcas y registró como propias las marcas Guanyem Barcelona y Guanyem Valencia. Desde hace semanas se sabe que estos son los nombres con los que los círculos viciosos de Podemos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que dirige Ada Colau, una señora que no se ha visto afectada jamás por una hipoteca, ya que siempre ha vivido de alquiler, quieren concurrir a las elecciones municipales de 2015.

El asesor municipal debió de pensar que la transparencia perfecta no es condición suficiente para proteger a la democracia de la estupidez y/o desesperación de los votantes y decidió aportar su modesto esfuerzo intelectual y sus mañas burocráticas. La primera sorpresa de noticia tan pintoresca es que Salom no pretende impedir la concurrencia de Guanyem a las elecciones en las dos ciudades mencionadas. Como él mismo dice, tampoco lo ha hecho movido por ánimo de lucro, sino con un fin altruista: si Ada Colau y Pablo Iglesias quieren que renuncie a las marcas que ha registrado deberán entregar 10.000 euros cada uno a la ONG Sant Joan de Déu, dedicada a actividades solidarias en Valencia. Ya nadie reivindica el ánimo de lucro, esa fuerza motriz del capitalismo; incluso los asesores del partido de la derecha española esconden bajo su manto liberal conservador un tierno corazón socialdemócrata.

Lo que no sabemos es de qué o para qué tienen la cabeza. El asesor debería saber que el lugar idóneo para registrar un partido no es la Oficina de Patentes y Marcas, sino el registro que a tal efecto tiene dispuesto el Ministerio del Interior para partidos políticos, o las Juntas Electorales para las agrupaciones de electores. Y si se lo denegaran, siempre queda el recurso al Tribunal Constitucional, que resolvió muy bien la inscripción de las distintas marcas batasunas contra denegaciones del Ministerio e incluso del Tribunal Supremo.

Parece evidente, por otra parte, que el registro tiene como fin impedir la apropiación fraudulenta de un nombre, de una marca por alguien a quien no le corresponde. Pero el asesor Salom no tiene legitimidad para tener en propiedad (detentar) una marca que no es suya, plagiada a quienes venían anunciando sus intenciones políticas en torno a las marcas citadas. Creo que Podemos y la plataforma que gobierna Ada Colau son en sí mismas dos organizaciones que sólo se explican por el abandono que los partidos de la democracia española, incluido aquel en el que milita Salom, han hecho de sus obligaciones. Otra cosa es que los votantes de Ada y PI vayan a optar por un remedio bastante más destructivo que la enfermedad.

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Acerca de Santiago González

Periodista. Columnista de El Mundo. Ha publicado "Un mosaico vasco" (2001), "Palabra de vasco. La parla imprecisa del soberanismo" (2004), "Lágrimas socialdemócratas. El desparrame sentimental del zapaterismo" (2011) y "Artículos 1993 - 2008" (2012). Premio de Periodismo El Correo 2003.
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