Dulce impunidad

El Gobierno andaluz ha reclamado a la empresa Minas de Aguas Teñidas, Sociedad Anónima (Matsa) para exigirle la devolución de 11,8 millones de euros que en su opinión habría percibido de la Junta indebidamente en concepto de subvención.

En rigor fueron 10,1 millones los percibidos. La diferencia –1,7 millones– se debe a los intereses. La presidenta de la Junta de Andalucía es mujer muy notable. Anunció desde los primeros compases de su toma de posesión que con ella se había acabado el mamoneo y la corrupción y que no le iba a temblar el pulso ni la voz frente a los corruptos. Ahí la tienen, báilenla.

Pocas cosas hay en este mundo tan placenteras como aprobar leyes para no cumplirlas y Pujol no es el único ejemplo. El presidente más longevo que han tenido los andaluces, Manuel Chaves, 19 años en el machito, aprobó el 8 de abril de 2005, para incumplirla dos años después, la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que en su artículo 7.1, decía: «Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil».

Atención, pregunta: ¿Era la hija de Chaves persona de su familia dentro del segundo grado civil? Sí, y aun del primero. ¿Tuvo parte en la dirección o asesoramiento o administración de Matsa? Lo tuvo, en tanto que apoderada, primero y directora del departamento legal de la empresa posteriormente. La cosa estuvo mal, pero por unas pocas circunstancias: que Chaves fuera presidente de la Junta en la fecha de la subvención; ser el padre de Paula Chaves; que ésta fuese apoderada de Matsa, gestionara con poder de la empresa ante la Junta presidida por su padre una subvención y la Junta se la diera con su voto, en lugar de inhibirse, un mínimo detalle que le exigía la ley: excúsenme los consejeros, pero me acaba de dar un apretón. Voten ustedes este proyecto de ley en tanto que yo me alivio.

Dar una subvención a la empresa de la niña no era la única irregularidad de Chaves. El Gobierno de Zapatero, que era un Gobierno amigo, denegó la subvención que le solicitaba la empresa «para continuar la construcción de una planta», cuando la orden ministerial establecía con la claridad suficiente que la petición debía realizarse antes de comenzar la explotación del yacimiento. (O.M. 12 de abril de 2007). La orden autonómica que fijaba las ayudas era un calco en este sentido, de la orden ministerial. El Tribunal Supremo ratificó la decisión de Griñán de no imponer sanción alguna a Chaves. El PP pidió una comisión de investigación que el PSOE rechazó, como lo había hecho en 70 ocasiones anteriores.

La empresa se ha acogido, con toda la devoción del mundo, a Santa Rita, Rita, y se muestra, así, de primeras, algo renuente a la idea de la devolución. Se comprende. Lo que ya se entiende es que Susana Díaz no ponga una querella para reclamar ese dinero a Chaves y solidariamente a los miembros del Gobierno que presidía.

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Acerca de Santiago González

Periodista. Columnista de El Mundo. Ha publicado "Un mosaico vasco" (2001), "Palabra de vasco. La parla imprecisa del soberanismo" (2004), "Lágrimas socialdemócratas. El desparrame sentimental del zapaterismo" (2011) y "Artículos 1993 - 2008" (2012). Premio de Periodismo El Correo 2003.
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