Ministro en comisión

EL MUNDO – 15/08/15

Líbrenme el Señor y la Virgen de Fátima de considerar al ministro del Interior como uno de mis ídolos terrenales o celestiales. Confieso que su verbosa y campanuda pomposidad me abruman, aunque ayer obrara en legítima defensa ante intervenciones (y aun actos previos) tan descabellados. Es cierto que el ministro pudo derivar al peticionario Rato hacia algún comisario para que se encargara de la seguridad de su familia. Pero debe tenerse en cuenta que un ex vicepresidente no es un ciudadano exactamente igual que otro cualquiera, aunque la Ley se le vaya a aplicar exactamente igual.

Por otra parte, Rato, como todos los imputados, mantiene íntegra su presunción de inocencia, no es un condenado. ¿Pudieron hablar de la situación procesal de Rato? Sí, pero la oposición no tiene prueba alguna de ello, por lo que la palabra del ministro tiene presunción de veracidad. Si Fernández tuviera más capacidad de síntesis podría haber hecho una gran intervención. Lástima.

El hecho presenta aspectos notables: la entrevista del ministro con el ex vicepresidente no se produjo el 22 de julio, como afirmó erróneamente este periódico, que fue el autor de la primicia, sino el 29, una semana después, con lo que perdía fuerza el vínculo que alguno de los portavoces pretendían con el SMS de Rajoy: «Sé fuerte, Rodrigo».

Hay otro inconveniente lógico: aquel cogote de Rato ominosa e innecesariamente empujado al coche policial por la mano de un agente para las cámaras. Si Rato era un chivo expiatorio del Gobierno, no podía ser al mismo tiempo cómplice, si bien se mira, y aun si se mira regular.

Los socialistas se superaron a sí mismos: después de pedir la comparecencia del ministro y horas antes de que se produjera, presentaron una querella ante el fiscal por tres delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Antes de oír sus explicaciones.

«España no puede tener un ministro del Interior bajo sospecha», dijo ayer el portavoz socialista, qué gran alcalde de Llanes. Esa es la clave del encuentro del presidente González a las puertas de la cárcel de Guadalajara con su ministro del Interior en febrero de 2003, no bajo sospecha, sino bajo la certidumbre: una condena judicial a 10 años que el Tribunal Supremo le impuso por el secuestro de Segundo Marey. El presidente fue a la prisión para hacer evidente que él no pensaba omitir el deber de perseguir delitos y garantizarse que su ex ministro Pepe Barrionuevo quedaba bajo la custodia de Instituciones Penitenciarias, no para decir: «Sé fuerte, Pepe».

Los tres delitos de los que acusa el PSOE al ministro Fernández son improbables en cualquier Estado de Derecho. Como dijo Carlos Salvador, el mejor portavoz ayer, los tres delitos sólo podrían serlo en Minority Report o en el Código Penal de Cuba, dos casos de Justicia preventiva. La iniciativa está fatalmente condenada a desaguar, pero nadie asumirá la responsabilidad del disparate. ¿Y Sánchez, qué dice de esto? Está de vacaciones desde hace 17 días. ¡Qué tío!

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Acerca de Santiago González

Periodista. Columnista de El Mundo. Ha publicado "Un mosaico vasco" (2001), "Palabra de vasco. La parla imprecisa del soberanismo" (2004), "Lágrimas socialdemócratas. El desparrame sentimental del zapaterismo" (2011) y "Artículos 1993 - 2008" (2012). Premio de Periodismo El Correo 2003.
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