Por duplicado

Tenemos un problema. Un presidente autonómico, representante ordinario del Estado, desconoce su obligación primera de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias de los tribunales y la democracia española está hecha un lío.

Las almas simples consideramos que asuntos como éste están legalmente previstos, un suponer, el artículo 410 del Código Penal, que prevé multa de tres a 12 meses e inhabilitación de seis meses a dos años para «las autoridades o funcionarios que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior»

La Constitución establece en su artículo 155 que «si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, o para la protección del mencionado interés general».

Cuando Rajoy presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de consultas, y el Constitucional admita a trámite el recurso del Gobierno, la ley quedará suspendida. El Gobierno es partidario de la doble notificación, a través de procurador y también personalmente. A uno esto le parece vejatorio; recuerda el viejo chiste sobre las dos medallas de oro que le iban a dar a determinado líder: la primera por tonto; la segunda, por si la perdía.

En todo caso, sería pertinente que se haga con acuse de recibo. Estaría bien que la entrega se hiciera en presencia de notario y ante la tumba de Guifré el Pilós, formalidad por la que el honorable Mas siente un respeto imponente.

Ambos fueron los actos más destacados de su campaña electoral de 2006. Por si valen los precedentes, incumplió su promesa (de no pactar con el PP) formulada ante ambos fedatarios. Y eso que los dos eran catalanes. ¿Por qué iba a sentirse obligado por una notificación del Constitucional, esa cuadrilla de españoles?

A uno le impresionó favorablemente una frase notable del anterior secretario general del PSOE: «El que echa un pulso al Estado, pierde». Sólo se refería a los controladores aéreos, lástima. Pero si es un partido que ejerce el Gobierno autonómico de Cataluña –detenta, diría el juez– y se empeña en no cumplir la ley, a ver qué hacemos.

Con la mejor voluntad quiero hacer una propuesta a quienes creen que la reforma de la Constitución servirá para sanarles. Empiecen por aligerar las leyes de excrecencias y artículos inútiles, que no consideran de aplicación. Por ejemplo, el 410 del Código Penal y el 155 de la Constitución española.

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Escuela de calor

Uno lee el contenido de la declaración del que fuera dirigente de UGT de Andalucía, Germán Damián, y entiende el arraigo que está cogiendo el fenómeno Podemos. Interrogado por la Guardia Civil a propósito de los famosos cursos de formación subvencionados por la Junta, ha cantado que toda la Ejecutiva del sindicato estaba al loro de la existencia de un canon revolucionario, la mordida para la causa.

Los terroristas, en su labor de mímesis del Estado al que combaten, trataban de reproducir sus estructuras y aplicaban un lenguaje de inversión, que llamaba cárcel del pueblo a un agujero del que el pueblo ignoraba el paradero, retenciones a los secuestros, mientras llamaba secuestros a las detenciones de terroristas por la Policía. Y llamaban impuesto revolucionario a la extorsión.

Todo se está radicalizando mucho, pero que un sindicato socialdemócrata desbarre hasta el extremo de llamar canon revolucionario a su tanto por ciento, parece un poco exagerado. Quizá fuera más adecuado tasa reformista o canon progresista, con calificativos desprovistos de connotaciones negativas.

Claro que si se tiene en cuenta que la comisión del sindicato ascendía al 20% de la factura que retenía el responsable de Administración y Recursos Humanos, Federico Fresneda, le cuadra mejor el término revolucionario que el de reformista.

Según el declarante, Fresneda «le dijo que ese porcentaje era para afrontar los gastos de personal y teléfono, luz o transporte de la organización», y que justificar ante la Administración ese porcentaje «era responsabilidad del departamento de Justificación».

Admirable. Departamento de Justificación. También resulta impresionante aquella página de los Episodios Nacionales en los albores del proceso secesionista, en la que Maragall y Artur Mas tuvieron un diálogo ejemplar. «Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3 per cent», dijo el primero, a lo que Mas respondió: «Vostè, senyor president, acaba d’engegar la legislatura a fer punyetes». Y así, hablando hablando, congeniaron y se dieron cuenta de que no les convenía hacerse daño. A mí me pareció un diálogo altamente literario; sólo me pareció extraño el porcentaje. «A estos les van a denunciar por dumping», pensé yo para mí.

Alberto Moravia dijo en una entrevista que la familia era la gran escuela de la delincuencia moderna. Tenía razón, ahí estaba El Padrino. Ha tenido que llegar la democracia española a este punto para que a la familia le hayan salido dos competidores temibles para disputar la condición de espacio privilegiado para la corrupción, véase el estado del arte en Andalucía: el municipio y el sindicato. Escuela de calor. Familia, municipio y sindicato, no sé de qué me suena a mí esta tríada, tendré que investigarlo cualquier tarde.

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La primera en la frente

La victoria de Pedro Sánchez procuró cierta sensación de alivio a cuantos temían la victoria de Madina como una vuelta de la pesadilla Zapatero. Al primer tapón, zurrapas, que escribieron Quevedo y Tirso. Su primera iniciativa fue un calco de aquel primer domingo de Zapatero en la soledad de La Moncloa: «He dado orden al ministro de Defensa para que haga regresar las tropas españolas de Irak». Aún no había Gobierno ni Bono había tomado posesión del Ministerio con aquel circo de tres pistas que organizó para la ocasión.

Pedro Sánchez no era un presidente sin Gobierno; no tenía, por tanto, tropas que retirar. Sólo era un secretario sin Ejecutiva y sin despacho, pero animado de la misma voluntad de performances que su antecesor: en la vida partidaria, su primera decisión fue recibir a la jefa, a quien le debe mayormente el cargo. José Luis era más sutil: sus primeras entrevistas como presidente se las dio a El MUNDO y a la Cope, no a El País y la Ser, un suponer. En el ámbito internacional, Sánchez ordenó a sus europarlamentarios desvincularse del acuerdo do ut des por el que el PPE votaba al socialista Schulz como presidente de la Eurocámara y los socialdemócratas votaban al popularJuncker como presidente de la Comisión Europea. Habían pasado 24 horas de su elección cuando nuestro héroe, con nocturnidad y a través de Twitter, dio la vuelta al acuerdo.

Tal vez no se da cuenta del estropicio, que no es, como pudiera parecer, un agravio a los conservadores, sino a sus compañeros socialdemócratas. Si uno se pusiera en el pellejo de Schulz, pensaría: «Y estos 14 majaderos, ¿quién se creen que son para incumplir un compromiso de los socialistas europeos?». Cómo hacer amigos, lesson one. Luego están los argumentos. Nuestros europrogresistas han incurrido en esta pifia para no votar junto al PP, por lo que han coincidido con los parlamentarios de Marine Le Pen, los eurófobos de Nigel Farage y los Podemos, IU, ERC y por ahí. De paso, han recordado a toda Europa que no son gente fiable. Una exculpación parcial para Ramón Jáuregui, que mostró con bastante claridad su desacuerdo aunque, finalmente, votara con los demás.

Las tonterías nunca vienen solas. Su segunda decisión es anular el compromiso que los socialistas habían contraído entre sí para celebrar las primarias en noviembre. Se sabía que Susana, la jefa, no estaba por la labor. No sé si me siguen: como hizo campaña contra Juncker no se vota a Juncker; como había hecho campaña a favor de las primarias, no hay primarias.

Todo es coherencia. «Ningún calendario pasado puede condicionar el futuro», dijo el gran Tomás Gómez, inspirado en el Rufus T. Firefly de Sopa de Ganso. «Vamos con los asuntos viejos», decía Groucho a sus ministros.Cuando uno de ellos propuso hablar de aranceles, le denegó la palabra: «Ese es un asunto nuevo. ¿No hay asuntos viejos? ¡Hablemos entonces de los nuevos!», y cuando el ministro silenciado dijo: «Pues los aranceles…», Groucho lo calló definitivamente: «Lo siento, ese asunto ya es viejo».

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Voto directo

Ha ganado Pedro Sánchez, tal como se intuía desde que se contaron y recontaron los avales, pero las cosas no serían sustancialmente diferentes de haber ganado Madina. Considerados los candidatos de uno a uno o de tres en tres, no se adivina qué pueden aportar que no tuviera Rubalcaba. Entre los problemas que tiene su partido en esta hora, el del líder no era el más urgente. Para etapas de crisis como éstas se inventaron las gestoras. El hundimiento que el PSOE comenzó a mostrar en las dos citas electorales de 2011 (municipales y generales) no tiene solución con el cocido maragato, yendo a la tajada, cambiemos al secretario general y quédese el resto para postre.

Debieron entonces declarar el partido zona catastrófica, preguntarse cómo hemos podido llegar a esto, depurar los errores del zapaterismo, preguntarse cuál es la alternativa socialdemócrata en tiempos como los actuales, definir la política adecuada y después, sólo después, buscar la dirección más adecuada para el proyecto resultante.

No ha sido así. Prueba de ello es el valor asumido de la necesidad de un giro a la izquierda entre los candidatos y sus votantes, como si el error Zapatero hubiera sido justamente el de recuperar súbitamente la razón la noche del 10 de mayo de 2010.

Dos hechos sobresalientes: nunca antes se había elegido al máximo dirigente del partido por votación directa de los afiliados y la participación ha desbordado las previsiones más optimistas. La abstención ha quedado por debajo de la abstención media en las 11 elecciones generales celebradas en España desde junio de 1977.

La voluntad de los afiliados ha coincidido con el designio del aparato, el peso de Andalucía en el socialismo español y esa tradición de optar por el desconocido. Recordemos que Sánchez le había ganado en los avales al secretario general del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso y también en la tierra de Madina, el País Vasco, donde le ha vuelto a ganar en votos contantes y sonantes.

El sistema de elección directa del secretario general ha sido un éxito, pero va a anular el interés que pueda tener el Congreso propiamente dicho. No es fácil que vuelva a vivirse aquel momento del 79, en el que Felipe González se consideró incompatible con la definición marxista del partido y tuvieron que tomarse unos meses para recapacitar y volver a llamarle: «¡Que lo que tú quieras, Felipe!». Tal vez en el futuro se pueda ahorrar el congreso. Los afiliados eligen al secretario y éste elige a su Ejecutiva y define también su programa.

Una incógnita es, si descubiertas las ventajas de la elección directa, el PSOE abogará por implantarla en las elecciones municipales, para que los alcaldes sean elegidos por el voto directo de sus conciudadanos, como si fueran los secretarios generales de sus pueblos.

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Fantasías legislativas

La oposición se puso brava ayer contra el Gobierno. Es parte de su cometido. También se comprende por el asunto: meter en un solo decreto 26 reformas legales es llevar demasiado lejos la moda patchwork. Decreto-ómnibus lo llaman con una evidente contención verbal. Para alojar 26 leyes no basta un autobús; se necesita un tren mercancías.

Es verdad que lo han hecho todos; Zapatero con las reformas a partir de aquella noche de mayo en que oyó voces: las de Obama, Merkel, Sarkozy y Hu-Jin-Tao, en idiomas diferentes y todos distintos al único que hablaba nuestro presidente. Y Él pilló el mensaje. Ya había dicho que las lenguas están hechas para entenderse. También Aznar sacó mucho partido a las leyes de acompañamiento de los presupuestos.

La cuestión no afecta al resultado. No es cierto, como protestaba la oposición, que se hurte al Parlamento el debate, prueba de ello fue el que tuvo lugar ayer en el Congreso y que nos brindó la que muy probablemente será la última actuación de Soraya Rodríguez como portavoz del PSOE. Tampoco es razonable la queja de que no se vayan a aceptar enmiendas. La vicepresidenta anunció que el Gobierno está dispuesto a tramitar este mercancías como un proyecto de ley, lo que tampoco va a garantizar nada. Que no se acepten enmiendas no depende de la tramitación, sino de la mayoría; «la cuestión está en saber quién manda aquí», le decía Humpty Dumpty a Alicia. Que Zapatero aceptara en mayo enmiendas de la oposición no era tanto expresión de su virtud, sino de la necesidad de sumar escaños nacionalistas (pagando, se entiende, pagando) para llegar a los 176.

Dicho lo cual y pese a la irrelevancia intrínseca del asunto, estas fantasías legislativas perjudican la imagen del sistema parlamentario. No tanto como el juez ponente de la sentencia que absolvía a los tipos que impidieron la entrada de los diputados catalanes al Parlament, les insultaron y les agredieron. El mérito de la sentencia de la AN es que se cargó de un plumazo la dignidad del poder legislativo y del judicial, no sólo ayuna de Derecho, sino ignorante del recto significado de las palabras. El Congreso se sumó a su propio descrédito, con las opiniones de dos genios favorables a la sentencia absolutoria: Cayo Largo (Caballero) y Eduardo Madina.

Lo especial de esta hora grave de crisis es que no sólo afecta al Gobierno, sino también y muy principalmente a una oposición repartida entre un PSOE que duda entre dejarse ir por el sumidero o, lo que viene a ser lo mismo, sumarse al resto de la izquierda para aceptar el liderazgo de un partido extraparlamentario que hoy pone la doctrina seguida mansamente por una parte considerable del rebaño estabulado en el Congreso, en el que dos actores principales, CiU e Izquierda Unida están en quiebra técnica. Hoy nos enteramos de que Kutxabank condonó a Unió 10 millones, al igual que hizo La Caixa con una deuda de seis del PSC en la era Montilla.

Mi querido Fidalgo lo explicaba ayer con admirable metáfora agropecuaria: «Se están corriendo las vallas del corral y no sabemos hacia dónde».

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La toga o la minifalda

No había visto sentencia tan pintoresca desde la redactada en 1989 por Rodrigo Pita en Lérida y que pasó a la crónica negra de la Justicia como La sentencia de la minifalda: la chica iba al trabajo como iba, y se comprende que el patrón cediera a la tentación de magrearla un poquito por encima de la ropa.

Los hechos juzgados y absueltos ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sucedieron el 15 de junio de 2011, cuando unos manifestantes cercaron el Parlamento de Cataluña para impedir la entrada de los parlamentarios, a los que insultaron, zarandearon y agredieron, debiendo ser protegidos por los Mossos. El presidente Artur Mas tuvo que entrar al recinto del Parlament en helicóptero.

Ramón Sáez Valcárcel, ponente de esta sentencia o así, ha escrito que «la democracia se sustenta en un debate público auténtico, en la crítica a quienes detentan el poder» (página 56). Detentar es, como sostiene el diccionario de la RAE: «Retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público».

No es que uno sea forofo de Mas o de la mayoría que sostiene el Govern, pero mientras un tribunal no diga lo contrario, no detentan, sino que ejercen el poder que sus conciudadanos les han conferido legítimamente en elecciones autonómicas.

Escribe el juez Sáez que «cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, (…) resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación…» (págs. 57-58). Qué gran texto para un posible Círculo de Podemos en la Audiencia Nacional, que es el noveno círculo del infierno de Dante («lasciate ogne speranza, voi ch’intrate»).

La sensatez está en el voto particular del juez Marlaska y en los recursos de la Fiscalía y el Parlament, con la excepción de ICV (el ponente Sáez llegó al CGPJ a propuesta de IU) y las CUP.

Su argumento parece inspirado en la jurisprudencia Pablo Iglesias acerca de la necesidad del control público sobre los medios privados. Pero, ¿quién les ha dicho a este juez, a Pablo Iglesias, a Cayo Laya y al tipo de la sandalia que los medios privados no cumplen con su deber de informar o que silencian las protestas por los recortes o por cualquier otra causa?

El ponente, además, describe los hechos falsamente. En Cataluña, la televisión líder es pública, TV3. También lo son BarcelonaTV, Catalunya Ràdio y las emisoras municipales de cada pueblo. En 1987, el terrorista Juan Carlos Yoldi, excarcelado para la ocasión, hizo un discurso en la tribuna del Parlamento vasco, donde dijo: «Yo vengo a traer aquí la voz de los sin voz, de aquéllos que carecen de libertad de expresión». Y lo decía un etarra procesado y luego condenado por varios delitos de terrorismo, designado candidato a lehendakari por Herri Batasuna.

Llegados a este punto, a mí, como a Manolo Escobar, no me gusta que en los juicios se pongan la minifarda. Tal vez se vean más favorecidos, pero a la causa de la Justicia le sienta mejor la toga.

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Pasta fugit

Tengo escrito alguna vez con propósitos admirativos mi acuerdo con la vieja sentencia «els catalans, de les pedres en fan pans», basta ver que con materiales más humildes se han hecho un president y un portaveu de la Generalitat (Mas y Homs).

He aquí la prueba: en sólo 26 días, los comprendidos entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011, la familia de Jordi Pujol Soley, compuesta por su esposa, això es una dona, y cinco de sus siete cabritillos: Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer, ingresaron en sus cuentas de Andorra tres millones y medio de euros. No es una cantidad relevante si la comparamos con los 55 millones que según Hacienda y la Udef movió el primogénito, Jordi júnior, entre paraísos fiscales, pero éste en más tiempo.

Lo más característico de los cinco pujolitos y mamá Ferrusola es la velocidad que han sabido imprimir al circulante. Veintiséis días, qué fenómenos. Por compararlo con homólogos españoles: a los dirigentes del novísimo y exitoso partido Podemos les costó más de 10 años traerse de la Venezuela chavista una cifra superior (3,7 millones de euros), pero en un periodo 120 veces más largo. Aceleración histórica le llaman a esto.
Sumen las cantidades que mamá Ferrusola y sus cinco lobitos llevaron a Andorra a los transportes del primogénito y a los negocios de hostelería que los Pujol pusieron en marcha en Hispanoamérica y escriban debajo: «Espanya ens roba».

¿Cómo no entender el sobrevenido ardor independentista de esta familia? Las cosas han dejado de ser como en los buenos viejos tiempos de Banca Catalana y asuntos que comprometen a todos y cada uno de los miembros de la familia fundadora no pueden ser juzgados por la Justicia española. No conformes con robarnos nos acusan de delito, dónde se habrá visto.

En 1986, los fiscales del caso Banca Catalana pidieron el procesamiento de Jordi Pujol por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. El coste para las arcas públicas de la mala gestión de BC ascendió a 344.000 millones de pesetas de los años 80. Espanya ens roba.

La Audiencia de Barcelona absolvió a Jordi Pujol como no podía ser de otra manera y el agit-prop que él organizó con la pretensión de que era Cataluña la acusada proporcionó a Convergència i Unió una etapa de Gobierno sólo interrumpida por el tripartito de Maragall. Esto es complicado, pero sólo en apariencia: bastaría rescatar a Lluís Pasqual Estevill del ostracismo al que lo sometieron los españoles y nombrarle presidente del Tribunal Supremo de Cataluña o de un juzgado especial para los nacionalistas acusados de delitos económicos. Todos los acusados podrían acogerse a sagrado. Les bastaría encerrarse en Montserrat y encomendarse al abad, que está por la tarea.

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